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El cardenal Roger Mahony. FOTO: AP fhoto/Ric Francia

El acuerdo que obliga a la diócesis de Los Ángeles a pagar 660 millones de dólares a las víctimas de sacerdotes pederastas evitó que la Iglesia católica ventilara ante la justicia cientos de casos de abuso sexual, la actuación de religiosos en estas prácticas y la complicidad de las autoridades eclesiásticas. Pero las víctimas se niegan a callar…

LOS ÁNGELES.- En las afueras de la Corte Superior de esta ciudad, cientos de personas se arremolinaron el pasado 16 de julio para escuchar la conferencia de prensa del cardenal Roger Mahony. Sabían que haría un anuncio importante y que hacía todo lo posible para no testificar ante un jurado sobre su papel en los más de 500 casos de abuso sexual en los que incurrieron sacerdotes de su jurisdicción.

Mahony tenía el tiempo en contra. El arranque del juicio estaba programado para el día siguiente.

Pero Mahony sorprendió a todos: públicamente aceptó un acuerdo económico para indemnizar a las más de 500 víctimas con 660 millones de dólares, la mayor cantidad de dinero que la Iglesia católica ha comprometido a pagar por este tipo de casos.

Para muchos la noticia fue un triunfo espectacular. En función de la gravedad del abuso, recibirán una cantidad que variará de 25 mil a 4 millones de dólares.

John Manly, abogado de 50 víctimas, no ocultó su molestia: “Es increíble la forma en que funciona el sistema de justicia de Estados Unidos. La pregunta que la gente debe hacerse es: cómo es posible que Roger Mahony pague 660 millones de dólares por actos criminales de los que tenía plena conciencia, y que pueda caminar libremente por la calle”.

Steve Cooley, uno de los fiscales de distrito de Los Ángeles, también se mostró contrariado: “El acuerdo da al traste con la investigación de más de cinco años que hemos realizado sobre las actividades criminales de cientos de sacerdotes que cometían todo tipo de aberraciones con menores de edad y que eran protegidos por el cardenal Mahony”.

El acuerdo incluye una cláusula que compromete a la arquidiócesis angelina a entregar a un juez retirado los documentos del caso para que él decida qué documentos podrán ver las víctimas y cuáles podrán ser del conocimiento público.

Hasta el momento la diócesis ha mantenido como confidencial la mayor parte de los expedientes que involucran a sacerdotes pederastas. Esos archivos contienen cartas y quejas de los feligreses, reportes internos, informes policiacos, expedientes médicos y psicológicos, y memorandos que solicitan la transferencia de dichos sacerdotes a otras parroquias, a otras ciudades e incluso a otros países.

“Sabemos que muchos documentos nunca verán la luz del día –dijo Raymond Boucher, el abogado principal de las víctimas–. Por décadas muchos documentos estuvieron perdidos, fueron destruidos y otros fueron enviados al Vaticano”.

Los abogados del cardenal Mahony dicen que no pueden dar a conocer los expedientes porque eso violaría el derecho a la privacidad de los sacerdotes.

Para las víctimas, en esos documentos está la verdad que no será ventilada ante la justicia. Lo dicen así porque el acuerdo económico entre los abogados de los demandantes y Mahoney evitó que se hicieran públicas las historias de abusos sexuales, la actuación de los sacerdotes pederastas y la complicidad de las autoridades de esta diócesis.

Sin embargo, muchas de las víctimas no callan; cuentan sus casos y señalan a los clérigos que abusaron de ellas.

Por ejemplo, Carlos Pérez Castillo acusa directamente al religioso John Anthony Salazar de haber abusado de él en repetidas ocasiones durante los años ochenta, cuando era estudiante del St. Bernard High School en Playa del Rey, California.

Esther Miller, de 47 años de edad, es otra víctima que no se resigna al silencio. Cuenta que en 1976, cuando tenía 16 años de edad, el padre Michael Nocita la atacó: “Los abusos ocurrían a cualquier hora. De día, de noche, en los escalones de la iglesia, dentro de la iglesia, en la escuela, en su carro... Mientras más riesgo hubiera, más emoción le causaba al padre. Era como si el peligro lo drogara”, relata.

Esther contó su historia a otro prelado, Michael Pecharich, quien guardó silencio. Varios años después este sacerdote también fue señalado –junto con otros religiosos– de abusar sexualmente de decenas de menores de edad en el condado de Orange.

Desde entonces, la vida de Esther ha sido un caos. Ha tenido tres matrimonios, ha sido inestable en su vida laboral, padece de diabetes y sobrepeso, y varias veces intentó suicidarse.

En cambio su victimario, Michael Nocita, dejó el sacerdocio, se casó y ahora tiene un negocio en el Valle de San Fernando.

En los cinco años que duró el proceso legal contra la arquidiócesis de Los Ángeles, por lo menos nueve de las víctimas terminaron con sus vidas, dice Mark Gallegos, quien muestra en su muñeca derecha las cicatrices de un intento de suicidio.

“Sólo tenía siete años cuando el padre Manuel Sánchez me violó. Se aprovechó de mi inocencia”, comenta Mark, que ahora tiene 36 años. La agresión ocurrió en la Iglesia del Sagrado Corazón, en la ciudad de Pomona, donde él era monaguillo.

Según un informe de la arquidiócesis, entre 1930 y 2003 un total de 103 sacerdotes fueron acusados de pederastia. Uno de ellos fue Michael Baker, quien fue detenido en junio de 2006 en el aeropuerto internacional de Los Ángeles cuando regresaba de un viaje a Tailandia.

“¿Por qué? –se pregunta Dominic Zamora–. Yo sólo tenía siete años (...) Baker me daba vino, me emborrachaba y después hacia lo que quería conmigo (...) No he podido perdonarlo y hay un gran coraje en mí”.

Carlos Carrillo Pérez, empleado del Departamento de Servicios Públicos y Sociales del condado, fue víctima del sacerdote Juan Salazar, quien cumple cadena perpetua en una prisión de Texas.

Carrillo decidió hablar de su caso cuando su papá le informó que el padre había sido arrestado por abuso de menores y que iba a ser encarcelado. “Yo no sabía cómo reaccionar –comenta–. Comenzó otra vez mi pesadilla. Luego me ofrecieron ayuda psicológica durante seis semanas”.

Una investigación realizada en 2005 por el periódico Los Angeles Times –que incluyó el análisis de cientos de expedientes de curas acusados de pederastia– reveló que las quejas por abuso sexual se concentraban en algo más de 100 parroquias de la diócesis. Sin embargo, debido a que los sacerdotes acusados eran trasladados a otros templos cada cuatro años y medio, en promedio, los abusos podrían haber ocurrido hasta en el 75% de las 288 parroquias que conforman la arquidiócesis.

Las iglesias que reportaron el mayor número de denuncias están ubicadas principalmente en los condados de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara. Los casos de pederastia no parecen seguir un patrón preciso: se encuentran en zonas urbanas y en suburbanas, donde habita gente pobre o en zonas residenciales, y tampoco se identifica un predominio racial.

De acuerdo con los documentos analizados, el mayor número de abusos ocurrió en 1983, cuando más de 11% de los sacerdotes de la diócesis tuvieron algún reporte de abuso sexual. A partir de ese año, la proporción disminuyó gradualmente hasta estabilizarse en 5% en 2002, cuando Mahony implantó la política de “cero tolerancia” hacia los clérigos pederastas y destituyó a siete sacerdotes acusados de abuso sexual contra menores de edad.

El estudio demuestra también que, pese a la referida ausencia de un patrón exacto, sí hay una extraña concentración de sacerdotes acusados de abuso sexual en algunas parroquias. En 17 iglesias, por ejemplo, se asignaron a cinco o más de los curas acusados de abuso sexual. Algunas tuvieron hasta tres curas pederastas al mismo tiempo.

Por su parte, el estudio titulado La naturaleza del abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes en Estados Unidos, 1950-2002, elaborado por el Colegio de Justicia Criminal Jay John y dado a conocer el 27 de febrero de 2004, reveló la magnitud del problema en todo el país: 10 mil 667 personas presentaron acusaciones de abuso sexual contra 4 mil 392 clérigos, que representan 4% del total de religiosos que trabajan en este país. El 75% de esos casos ocurrieron entre 1960 y 1984.

El costo total de los casos en ese período fue de 573 millones de dólares, de los cuales 219 millones fueron cubiertos por compañías de seguros.

Según este estudio, 81% de las víctimas fueron menores de edad del sexo masculino y 50.9% tenía entre 11 y 14 años. Sin embargo, apenas 3% de los sacerdotes acusados fueron encontrados culpables y sólo 2% fueron sentenciados a prisión. Un dato llama la atención: 7% de los sacerdotes acusados dijeron que a su vez ellos fueron objeto de abuso sexual cuando eran niños.

Durante los 52 años que abarca el estudio, el problema de los abusos sexuales afectó a más de 95% de las diócesis de Estados Unidos y aproximadamente a 60% de las comunidades religiosas.

Este estudio –que se realizó con cuestionarios aplicados a 195 de las 202 diócesis del país– dice que las autoridades eclesiásticas no aplicaron sanciones contra los sacerdotes en 10% de los casos, mientras que 6% de las denuncias propiciaron que los sacerdotes fueran reprendidos, pero regresaron al ministerio; 29% de las denuncias desembocaron en la suspensión de los clérigos implicados y 24% de ellas hicieron que los responsables fueran asignados a labores administrativas.

El estudio señala que muchos de los sacerdotes pederastas convivían con la familia de las víctimas y aprovechaban sobre todo los “eventos sociales” para acercarse a ellos. Menciona que el modus operandi de estos clérigos incluía la compra de pequeños regalos, permitir a los menores que manejaran un auto o llevarlos a actividades deportivas o recreativas.

Se incluye un caso extremo: sin divulgar nombres, dice que un religioso abusó de dos niños y además mantuvo relaciones sexuales con la madre de ellos.

En la investigación se registra además que 56% de los sacerdotes acusados abusaron de un menor de edad; 27%, de dos o tres, y poco más de 3% agredió a más de diez menores. En ese 3% se encuentran 149 sacerdotes que concentran 28% de las demandas (2 mil 960).

Más de 20 tipos de ofensas sexuales contra los menores de edad enlista el estudio del Colegio de Justicia Criminal Jay John: desde acoso verbal hasta la penetración. Y asegura que la mayoría de los curas implicados cometió diferentes tipos de abusos.

Otro estudio titulado Reporte de la crisis en la Iglesia católica de Estados Unidos, elaborado por la Comisión Nacional de Revisión de las Políticas de la Iglesia, expone los errores de la jerarquía eclesiástica para detener los abusos de prelados.

En ese documento se muestra que los obispos y cardenales de las diócesis fracasaron “en entender la naturaleza de los abusos y del daño que estaban causando; en responder adecuadamente a las víctimas, desde el punto de vista pastoral y/o legal; y en reportar los casos ante las autoridades civiles”.

Además, señala el estudio, las autoridades eclesiásticas tomaron partido por los sacerdotes al evaluar a priori las denuncias; fortalecieron la cultura del “clericalismo” para proteger a los acusados; aplicaron una cultura de perdón, que obstaculizó el reconocimiento de los abusos y la necesidad de condenarlos, e hicieron énfasis en el secreto a fin de evitar el escándalo “a cualquier costo”.

El reporte concluye: “Las pecaminosas acciones de los sacerdotes y la falta de acción de los obispos hizo que el humo de Satanás entrara a la Iglesia”.