El primer careo

Rodrigo Vera

Jeff Anderson, el poderoso abogado estadunidense que demandó al cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera ante la Corte Superior de Los Ángeles, asegura categórico:

“Estoy seguro que, dentro de un año, voy a tener al cardenal Rivera dando su testimonio en la Corte de Los Ángeles, y explicando todo lo que sabe sobre su sacerdote pederasta Nicolás Aguilar.”

Anderson, con 28 años de litigar en Estados Unidos contra ministros de culto pederastas, por lo que ha obtenido indemnizaciones multimillonarias para las víctimas, agrega:

“Al parecer, el padre Nicolás no es el único pederasta protegido por el cardenal Rivera, pues son muchos años los que lleva encubriendo este tipo de abusos. Tiene ya un largo recorrido en ese aspecto. Y esta demanda puede desatar que se den a conocer casos de otros religiosos protegidos por el cardenal.”

Por su lado, Rivera Carrera, arzobispo primado de México, ya giró instrucciones al bufete jurídico que le lleva su defensa, Fernández del Castillo y Asociados, para que evite cualquier “acuerdo económico” con Jeff, a cambio de que éste retire su demanda.

Y el vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, comenta: “Llegar a un arreglo económico sería como admitir la culpabilidad del cardenal y que él provocó un daño que debe reparar. No admitimos esto, porque el cardenal es inocente. Son falsas las acusaciones que se le imputan”.

Asegura que las acusaciones de Anderson son sólo un “chantaje” cuyo propósito es sacarle a la arquidiócesis de México –la más rica del país– una fuerte suma de dinero:

“En el fondo se esconde un chantaje. Resulta claro que hay un interés económico en esa demanda. Allá en Estados Unidos, las diócesis prefieren llegar a un acuerdo económico para evitar un juicio en su contra. Como dice el dicho: ‘Más vale un mal arreglo que un buen pleito’. Pero aquí nosotros no vamos a caer en chantajes. Lo dijimos desde el principio y lo reiteramos ahora”.

Con estas irreconciliables posturas, los abogados de ambas partes tendrán su primer careo, programado, hasta el cierre de esta edición, para este martes 20, en la Corte de Los Ángeles.

Ahí fueron citados por el juez que lleva el caso, Elihu Berle, quien pondrá todo su empeño para que las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial. De no lograrlo, que parece lo más probable, arrancará entonces el juicio contra el cardenal.

 

La incógnita

Será la primera vez que un alto jerarca mexicano –en este caso el más importante de la Iglesia católica del país– sea juzgado ante una corte extranjera.

Para afrontar la dura lucha judicial, Norberto Rivera se vio obligado a contratar –según revela su vocero– al bufete de abogados estadunidenses encabezados por Michael L. Gypers, con sede en Los Ángeles.

“El bufete Fernández del Castillo y Asociados ya está trabajando conjuntamente con los abogados de Gypers, que son tres en total. Ellos tienen la ventaja de radicar en Los Ángeles. Estarán más al tanto del proceso”, comenta Hugo Valdemar.

–¿En qué consistirá esta primera reunión del día 20?

–No será propiamente una audiencia del juicio, pues éste todavía no se inicia. El encuentro será más bien para explorar el caso. Es como si nosotros fuéramos a decirles a nuestros acusadores: ‘¿Y ustedes qué se traen?’. Y ya los abogados de la parte demandante tendrán que explicarlo de manera personal. Para eso se acordó el encuentro.

–¿Asistirá el cardenal Rivera Carrera?

–No, no está obligado a hacerlo. Sólo sus abogados irán a esa primera reunión.

Aunque aclara que los dos bufetes de abogados del cardenal aún no deciden si se presentarán el martes en la corte, pues no están obligados a hacerlo, ya que al cardenal aún no le llega la notificación formal de la denuncia: “Lo decidiremos en la víspera”, dice.

¿Logrará Jeff Anderson meter a la cárcel al cardenal Rivera Carrera? ¿O podrá, finalmente, hacer que desembolse una multimillonaria cantidad de dólares? ¿O más bien perderá estrepitosamente el caso?

La incógnita empezó a rondar en los círculos eclesiásticos de México y Estados Unidos, tan pronto el temible abogado demandó al cardenal mexicano, en septiembre pasado, por proteger presuntamente al padre Nicolás, quien, según las acusaciones, tan sólo en la ciudad de Los Ángeles abusó de 26 menores de edad en los años ochenta.

La carta fuerte de Jeff es Joaquín Aguilar, un joven mexicano que, siendo niño, fue víctima del padre Nicolás, en la Ciudad de México. Joaquín presentó su caso en la corte angelina y demandó allí al cardenal, con todo el apoyo del bufete Jeff Anderson & Associates, cuyas oficinas centrales están en Minnesota.

Con más de 250 demandas contra sacerdotes, obispos y arzobispos de Estados Unidos, Anderson ya provoca temor en la jerarquía de ese país. Clave fundamental de su éxito como litigante es que se vale del mismo recurso jurídico para combatir al crimen organizado: la ley Racketeering Influence and Corrupt Organizations (RICO), que se utiliza contra las “familias” de la mafia estadunidense.

Cuando algún sacerdote comete un acto de pederastia, la estructura eclesiástica ve amenazado su prestigio e inmediatamente lo protege. De ahí que Anderson equipare a la Iglesia con las organizaciones criminales.

–¿También utilizará la ley RICO contra el cardenal Rivera? –se le pregunta.

Anderson, entrevistado telefónicamente, responde:

“Pienso que el cardenal Rivera y la jerarquía se comportan como una mafia, como una organización criminal. Pero en este caso no echaré mano de la ley RICO. Me basta con demandar al cardenal Rivera, y al arzobispo de los Ángeles, Roger Mahony, por conspiración y actos de negligencia”.

Antes de él, señala, “nadie más se había atrevido a demandar a un jerarca mexicano por esos motivos”.

Tan pronto demandó al cardenal, Anderson vino a México a dar una conferencia de prensa. La Secretaría de Gobernación, a cargo entonces de Carlos Abascal, le envió a sus agentes de Migración para que lo retuvieran. Anderson telefoneó a la embajada de Estados Unidos y ésta impidió la retención. A punto estuvo de crearse un conflicto diplomático. Mas no se libró el abogado de que le impidieran regresar a México por un período de cinco años.

–¿Esta sanción de la Secretaría de Gobernación bloquea sus diligencias en México?

–No, de ninguna manera. Mi trabajo no se ve afectado, ni tampoco mi misión para que el cardenal pague el delito que cometió. Físicamente no puedo ingresar a México, pero sí puedo enviar y recibir documentos. En ese aspecto no hay restricción. Continúa el intercambio de papeleo para que se inicie el proceso.

–¿Piensa que el gobierno mexicano está protegiendo al cardenal?

–No tengo una opinión concreta al respecto. No estoy seguro. Me preocupa la posible influencia que tenga el cardenal en el gobierno. Pero también sé que hay funcionarios públicos que quieren aclarar esta situación y les preocupa el peligro que corre la niñez con este tipo de sacerdotes.

 

Proceso
19 de febrero de 2007