EL ANUNCIO de que el gobierno federal cancela el proyecto para construir el nuevo aeropuerto internacional en el municipio mexiquense de Texcoco a lo que deberá seguir el decreto oficial que cancela el de expropiación, desvió por momentos la atención de la opinión pública sobre la trascendencia de la violación constitucional al artículo 130 de la Carta Magna y su ley reglamentaria, en la que incurrió el presidente Fox durante la quinta visita de Juan Pablo II a México, y que en los hechos significó el fin del Estado laico mexicano.

Pero por más importante que resulte el hecho de que la administración de Vicente Fox haya decidido echar marcha atrás a un proyecto de desarrollo que se vino al suelo más por la incapacidad del gobierno, que por su sapiencia, comprensión y respeto a los derechos de los texcocanos, lo cierto es que difícilmente un acontecimiento de magnitudes nacionales podrá borrar la magnitud de la agresión de Vicente Fox a la Ley Suprema y menos el atentado a uno de los principios fundamentales de la democracia, como el del Estado laico; violaciones que ni los más "conspicuos" colaboradores del Presidente ni los más "avezados" dirigentes del Partido Acción han podido justificar.

Una vez concluida la visita "pastoral" de Juan Pablo II, quedó claro no el fervor católico del Presidente de todos los mexicanos una preferencia religiosa que por lo demás todos conocíamos desde que inició su campaña presidencial el 10 de diciembre de 1999 cuando enarboló el estandarte de la Virgen de Guadalupe, o el 1 de diciembre de 2000 cuando inició su gobierno con oraciones en la Basílica de Guadalupe, sino que en el así llamado "gobierno del cambio", pretende ser un gobierno no orientado por el mandato popular, civil y por las leyes del Estado laico, sino por los mandamientos de la ley de Dios. Vicente Fox, el Presidente de todos los mexicanos, no se quedó sólo en la inconstitucional sumisión al Estado Vaticano de la jefatura de Estado y de gobierno que le confirió el mandato popular mexicano, sino que al despedir a Juan Pablo II, le ofreció al jefe del Estado Vaticano que Juan Diego, el nuevo santo, "sin duda será inspiración, motivación, y motivo de fortaleza para todos los mexicanos y mexicanas".

Frente a esa nueva violación constitucional, vale preguntar: ¿y dónde quedaron los mexicanos y mexicanas, de los que también es presidente Vicente Fox, y que no son católicos o que creen en el Estado laico? ¿Dónde quedan los mexicanos que simplemente profesan otra religión, o ninguna, y para quienes Juan Diego no significa nada? ¿O acaso Vicente Fox ya no es Presidente de todos los mexicanos, sino sólo de los católicos y de los creyentes de Juan Diego?

Pero los aparentes "dislates" de Vicente Fox el hecho de dar trato de jefe de Estado al Papa, cuando éste sólo llegó a México como pastor, el de plegarse ante la autoridad del Santo Padre, de acudir como jefe del gobierno y del Estado mexicano a la canonización de Juan Diego, y el de convertir a la católica en la religión oficial, están muy lejos de ser los "candorosos" trompicones, resbalones y excesos de un ranchero venido a Presidente, deseoso de expresar su fervor católico. No, la llegada de Vicente Fox al gobierno con la ayuda decidida de la Iglesia Católica, la caída del PRI con la ayuda de poderosos sectores económicos de la derecha mexicana, parece cada vez con mayor claridad una estrategia o por lo menos una línea regresiva para conducir el rumbo del país hacia un Estado confesional. Queda claro que la Iglesia Católica, la mexicana y el Vaticano, ganaron o recuperaron para su causa a una oveja descarriada, a un gobierno que por casi 150 años había conquistado el derecho de Estado laico, que por momentos pareció anticlerical, pero que finalmente, ahora regresa al redil. Vicente Fox entregó a la Iglesia Católica, mexicana y vaticana, el poder civil que los ciudadanos le otorgaron a él el 2 de julio, con el riesgo que ello implica, de romper el delicado equilibrio entre el poder manipulador de un credo único o mayoritario, por sobre el poder rector de un Estado dócil, si no es que domesticado.

Y conocedor de que la experiencia religiosa, en este caso la experiencia católica, favorece el movimiento de solidaridad entre aquellos que están implicados en la misma experiencia religiosa, el Presidente del "cambio" decidió montar la imagen de su gobierno, un gobierno católico, guadalupano, juandieguista, precisamente en el "barco" del catolicismo, el guadalupanismo y el juandieguismo de la mayoría de los mexicanos, una mayoría que navega en las mismas aguas y que presuntamente aplaude a un gobierno católico y a un Presidente "valiente" que rompió con la "simulación" de los viejos gobiernos del PRI que cohabitaban con la jerarquía católica, pero a la que negaban en público. Fox ofreció en prenda la historia, los principios laicos, la división entre el Estado y la Iglesia, a cambio de imagen, de puntos de "rating" y de porcentajes a la alza en las encuestas.

Pero transcurrido el montaje mediático, la euforia católica, la exaltación del fanatismo, queda un pequeño detalle. ¿Cómo explicar la vuelta de tuerca, el viraje histórico? ¿Cómo justificar que no sirvieron para nada las guerras en favor del Estado laico y que la historia no sirve para nada? Santiago Creel, el secretario de Gobernación, el que gustaba de exaltar su elevado sentido juarista, el que llevó a su oficina del palacio de Cobián el retrato del Benemérito, y que tiene en otro lugar especial y busto del indio oaxaqueño, pareció atrapado entre sus convicciones y sus ambiciones presidenciales. Pretendió justificar lo injustificable y apareció carente de recursos para defender ideales frente realidades. ¿Cómo reconocer que su jefe, el Presidente violentó la Constitución, echó abajo el principio de Estado laico y pasó por alto la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público? ¿Puede un subordinado, un secretario de Estado sancionar a su jefe, el Presidente de la República? Debería, pero si Santiago Creel insinúa siquiera que su jefe encabezó un inconstitucional y peligroso retroceso de la vida pública mexicana, vería canceladas todas sus posibilidades de seguir de pie en la batalla por la sucesión presidencial. Acaso por eso, un subordinado de éste, el subsecretario para Asuntos Religiosos, Javier Moctezuma Barragán, debió salir al quite sin mayor suerte. Dijo, entre otras explicaciones que no resisten el menor análisis serio, explicaciones que más bien resultaron candorosas y mueven a la risa, que Fox besó el anillo del Papa, "para no verse inamistoso o poco cálido", como si la amistad y la calidez fueran sinónimos de sumisión y hasta claudicación.

Pero hay otras responsabilidades, acaso de la misma monta de las violaciones constitucionales que cometió el jefe de las instituciones. Vale preguntar: ¿y donde está el Congreso? Sí, porque el Congreso tiene facultades para pedir que el Presidente rinda cuentas sobre la incumplida protesta presidencial de cumplir y hacer cumplir la Carta Magna, al momento de protestar el cargo de presidente. ¿Quién en el Congreso, qué partido, será el valiente en pedirle cuentas al Presidente sobre las violaciones constitucionales y de la ley reglamentaria del 130 constitucional? En realidad la división del Estado y la Iglesia, el Estado laico, fueron borrados desde el momento en que fue el Ejecutivo el responsable de ofrecer todo lo necesario para la visita de Juan Pablo II. Seguridad, vehículos, movilización de efectivos, servicios de salud, medios de comunicación... ¿Cuánto le costó al Ejecutivo la visita del Papa? Y frente a esto, ¿cuánto ganaron los mercaderes de la fe, incluidos los dos más poderosos grupos televisivos? El retiro del gobierno foxista del proyecto aeroportuario de Texcoco distrae, pero no es suficiente para ocultar lo que no han podido siquiera explicar. Y si no, al tiempo.

Por cierto, en cuanto al fallido proyecto de nueva terminal aérea que debió construirse en Texcoco, se debe aclarar que en tanto no exista un nuevo decreto presidencial, que anule el anterior decreto expropiatorio, no hay nada y todo sigue igual. Esto es, que una mera declaración como la que hizo la Secretaría de Comunicaciones, no es más que eso, una declaración sin validez oficial. Se debe recordar que la Suprema Corte de Justicia recibió cuatro controversias constitucionales contra el proyecto expropiatorio del gobierno federal. Tres de ellas corresponden a Texcoco, Acolman y Atenco, y una al Distrito Federal. Las de Acolman y Texcoco, que son las más avanzadas en su resolución, se encuentran en la etapa de "instrucción", lo que quiere decir que se recaban pruebas y testimonios, mientras que las restantes apenas iniciaron su proceso. Hoy siguen esos procesos, y se cancelarán cuando no haya materia, esto es, cuando desaparezca el decreto expropiatorio.... Mañana 4 de agosto, Martí Batres, el líder de los diputados del PRD, ofrecerá su segundo informe de actividades legislativas, en un evento que se llevará a cabo en el salón Hermes, del Centro de Negocios y Comercio de la Ciudad de México... Y a propósito de eventos, el lunes 5 de agosto, en el hotel Meliá se presentará la Asociación Civil Libertad de Información-México, agrupación que convoca a periodistas de los diversos medios y distintas tendencias, y que busca ejercitar actividades de monitoreo, análisis y seguimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública en México. Se trata de una propuesta de convergencia "en los mínimos que unen a distintos sectores de la comunidad mexicana preocupados por la libertad de información y sus implicaciones en el derecho a saber de los mexicanos, bajo nuevas reglas de conducta social que rechazan la simulación, manipulación y uso de los intereses generales para beneficios personales".

Fuente: El Universal
Columna: Itinerario Político
Primera sección
Por: Ricardo Alemán
Fecha: Sábado 03 de agosto de 2002