En México, la mayoría de las religiones y denominaciones no objetan hacer del conocimiento público el número de miembros con que cuentan. Algunas, de hecho, publican activamente cifras y datos –a menudo imprecisos y/o inflados– con motivos publicitarios. El acceso a la información financiera, sin embargo, no es tan fácilmente asequible para los investigadores de las religiones. En contraste, en otros países existen mecanismos voluntarios de transparencia que facilitan esta labor. Los recientes escándalos por paidofilia en los Estados Unidos repercutieron en México como consecuencia de la globalización de la comunicación. Al hacerlo, evidenciaron que el tema de la conducta sexual de los ministros ante sus feligreses es un tema mejor custodiado que el de las finanzas. Más aún, en el proceso de intentar recabar datos al respecto, son observables interesantes resistencias, esfuerzos para obstaculizar el acceso a dicha información, y estrategias para desautorizar y descalificar cualquier cifra que cuantifique el abuso sexual cometido por ministros. Además de los retos metodológicos que dicho escenario presenta para los investigadores, son interesantes los efectos de la supuesta ausencia de cifras en la discusión pública y en materia de derechos humanos, particularmente el derecho a la información de los feligreses.

No todas las religiones y denominaciones actúan así en todos los países. Por ello existen estudios que sirven como base para tener un acercamiento estadístico que nos permita valorar la extensión y prevalencia de estos fenómenos a nivel global, y cómo se comparan con otros ámbitos del quehacer profesional: por ejemplo, el médico y el psicoterapéutico. Partiendo de la información disponible, se presenta primero una panorámica global que abarca a los Estados Unidos, África y una porción de Europa, con el fin de contextualizar el problema. La segunda parte se enfoca a México. Usando metaanálisis, estudios de campo, datos empíricos y estadísticas, se presenta una aproximación cuantitativa preliminar, y datos cualitativos que se desprenden de las mismas, sobre el abuso sexual cometido por ministros de culto de diferentes afiliaciones.

En su tesis doctoral, Richard Blackman (1984) estudió a 302 ministros metodistas, 404 pentecostales, 300 pastores presbiterianos y 190 clérigos episcopales en los Estados Unidos. El 38.6% del total de su muestra admitió haber tenido “algún tipo de contacto sexual” con uno o más miembros de su Iglesia. El grueso del grupo estudiado se componía de hombres y la gran mayoría de contactos sexuales ocurrieron con mujeres.

El shock que provocó la publicación de esos resultados hizo que se tomaran serias medidas para reducir el índice de profesionales de la salud que se involucraban sexualmente con sus pacientes.

Por otra parte, la Iglesia Metodista Unida, en un reporte interno publicado en 1990, sacó a la luz que 77% de las mujeres ministros en esa denominación reportaron haber sido objeto de hostigamiento sexual en su ámbito de trabajo; lo mismo que 37% de las empleadas administrativas y 48% de las mujeres estudiantes de sus seminarios (TUMC, 1990). En el caso de la Iglesia Unida de Cristo, el porcentaje de hostigamiento sexual fue similar (UCWS,1986).

Las cifras anteriores son más significativas si se considera que las denominaciones representadas en los estudios se encuentran entre las más numerosas e influyentes en todo el mundo, y varias se distinguen por enseñar una moral estricta y conservadora. La estadística comparativa de inmediato permite observar una dimensión particular del problema cuando se tiene en cuenta que en el caso de la profesión médica, la incidencia de casos de abusos es menor en una proporción de uno a tres.

Por otra parte, es interesante notar que el porcentaje de ministros del sexo femenino que son objeto de hostigamiento sexual en la denominación metodista, son superiores a los que se reportan, por ejemplo, en religiones como el judaísmo (CWE, 1993).

En resumen, el porcentaje de abusos a pacientes por parte de profesionales de la salud en los Estados Unidos es más bajo que en importantes denominaciones evangélicas y protestantes y, como se verá más adelante, que en la Iglesia Católica. Las implicaciones prácticas para los creyentes son claras: corren más riesgo de ser explotados sexualmente por un pastor o un sacerdote, que si acudieran a consultar a su médico o a un psicoterapeuta.

Desde hace más de una década ha sido notorio que amplios sectores del clero de la Iglesia Católica atraviesan por una crisis de ética y credibilidad. Así lo evidenciaron desde 1993 las declaraciones públicas del papa Juan Pablo II que expresaban preocupación por la cantidad de sacerdotes católicos en los Estados Unidos acusados de abusar sexualmente de menores.

Actualmente, el investigador católico Richard Sipe estima que alrededor de 6% de los más de 46 mil sacerdotes católicos en los Estados Unidos han cometido actos de abuso sexual contra niños. Esto arrojaría una cifra de alrededor de tres mil clérigos involucrados exclusivamente en paidofilia.

Dicha cantidad no incluye a diáconos, personal administrativo y laicos en posiciones de liderazgo que han cometido abusos similares, sino sólo a sacerdotes.

Por su parte, la abogada tejana Sylvia Demareset reporta que actualmente hay más de 1,500 sacerdotes formalmente acusados ante la justicia estadounidense de crímenes sexuales contra menores de edad. Sólo en Kentucky existían, hasta el 8 de junio de 2002, 122 nuevas demandas contra sacerdotes pederastas y parroquias responsables de encubrirlos.

Además de la rotación de clérigos paidófilos de parroquia en parroquia –algunos dentro, otros fuera de los Estados Unidos–, hasta fines de diciembre del año pasado la Iglesia Católica de los Estados Unidos había removido formalmente de su cargo al menos a 365 sacerdotes acusados de abuso a menores. La mayoría, sin embargo, mantuvieron su estatus oficial de sacerdotes. De enero a junio de 2002 –en medio del escándalo actual por encubrimiento a sacerdotes pederastas que inició en la diócesis de Boston– han sido retirados de su cargo por la Iglesia otros 218 curas. La mayoría de ellos tenían ya expedientes parroquiales con denuncias de agresiones a menores. Desde enero de 2002, se han presentado alrededor de 300 demandas civiles contra iglesias y parroquias católicas en 16 estados de la Unión Americana. También han renunciado algunos obispos –como el de Palm Beach, Florida– acusados de abusos sexuales contra seminaristas ocurridos hace tiempo.

A diferencia de los Estados Unidos, en Europa existen pocas cifras disponibles sobre ministros y abuso sexual. Podemos observar, sin embargo, casos notorios recientes de paidofilia homosexual y explotación heterosexual de altos jerarcas. En Alemania, el obispo auxiliar de Maguncia, F. Eisenbach, fue denunciado este año por una catedrática universitaria de haberla agredido sexualmente durante una sesión de exorcismo que éste le practicaba. En abril pasado el papa Juan Pablo II aceptó su renuncia. Un mes antes, en marzo, el papa aceptó la dimisión forzada del arzobispo de Poznan, Polonia, Juliusz Paetz, connacional y persona cercana a él, quien trabajó en el Vaticano de 1967 a 1976. El arzobispo Paetz fue investigado recientemente por una comisión enviada directamente por el papa y fue hallado culpable de “conducta inapropiada” contra varios seminaristas y sacerdotes jóvenes que lo denunciaron por diversas agresiones sexuales en el pasado. Otro obispo irlandés, país de mayoría católica, también renunció recientemente admitiendo cargos similares. El caso más notorio, sin embargo, porque involucra al clérigo católico de más alto rango hasta la fecha, ha sido el del cardenal austriaco Hans Hermann Groer, quien, recién nombrado, fue obligado a abandonar su cargo en 1998, cuando la opinión pública austriaca se enteró de su presunto pasado como paidófilo.

La extensión y falta de respuesta de este fenómeno ha provocado protestas formales de parte de monjas a muy alto nivel. Por ejemplo, la Conferencia de Estudio de las Hermanas de África Oriental (SEASC) denunció formalmente estos abusos, a través de sus delegadas, ante la Conferencia de Obispos de África Central y Oriental (AMECEA) luego de su reunión, en Kampala, Uganda, en agosto de 1995 (O’Donohe, 1995: 433). La SEASC tiene la representación de 15 mil monjas de ocho países africanos y tiene una fuerza considerable. En su queja formal decían: “Consideramos esto un asunto de justicia el cual creemos que ya no puede ser ignorado”.

En los Estados Unidos existen alrededor de 30 millones de hispanos, la mayoría de origen latinoamericano. Alrededor de 25% de la membresía de la Iglesia Católica estadounidense, así como una parte importante de las grandes denominaciones pentecostales e iglesias protestantes y evangélicas mencionadas en los estudios citados al inicio de este capítulo, son latinos. Asimismo lo son una cantidad considerable que ha ingresado a agrupaciones como los Testigos de Jehová. William H. Bowen ha acumulado suficiente información para documentar casi 24 mil casos de paidofilia y efebofilia dentro de los Testigos de Jehová en su país. La mayoría involucra abusos a niñas victimizadas indistintamente por laicos, personal administrativo y líderes del sexo masculino. Muchos de ellos, afirma Bowen, han sido protegidos por las políticas patriarcales dictadas por los máximos dirigentes de la organización Watchtower. En una entrevista con el autor de este artículo (15 de junio de 2002), el investigador expresó su preocupación por lo que sucede al interior de las comunidades latinas de Testigos de Jehová en los Estados Unidos. Bowen no ofrece cifras finales aún, pero basado en datos empíricos y estudios de caso, considera que la incidencia y encubrimiento es mayor en las comunidades latinas que en los Salones del Reino de anglosajones.

A pesar de los tabúes, empiezan a surgir estudios y cifras concretas de la extensión del problema. Por ejemplo, los trabajos de campo de la antropóloga Paloma Escalante, sugieren que en parroquias pequeñas de zonas rurales hay una incidencia importante de casos de sacerdotes católicos que abusan sexualmente de jovencitas, sobre todo de trabajadoras domésticas o voluntarias que les ayudan. También enfatiza que muchos casos tardan décadas en ser reportados y a veces nunca lo son, debido a factores psicológicos y antropológicos, propios de la cultura latina (Escalante, 2002 y Rodriguez-Tovar, 2002).

En el mencionado estudio, la mayor parte de los afectados son mujeres (55%), seguidos por menores de edad (30%). Sólo 15% son hombres adultos. Estos resultados ubican definitivamente a las mujeres y a los niños como los grupos sociales más vulnerables y de más alto riesgo. El DIAR indica que la mayoría de las denuncias que recibe son contra ministros de iglesias y grupos no católicos diversos, de corte carismático neopentecostal y pentecostal, seguidas por líderes de denominaciones evangélicas, protestantes históricas, sacerdotes católicos y las llamadas sectas destructivas. En la mayoría de los casos, con algunas notables excepciones, las denuncias señalaban a ministros, no a organizaciones, como responsables.

El DIAR afirma que dichas cifras no significan que en las iglesias católicas de México, o en general de Latinoamérica, ocurran menos abusos que en otros grupos religiosos. Explica la diferencia más bien en términos de una mayor disposición de los evangélicos a denunciar ilícitos debido a una mayor concientización de sus derechos humanos y menos temor supersticioso a los líderes o a la institución religiosa.

Asimismo enfatiza que, en contraste, cuando las denuncias involucran a la institución religiosa y no sólo a un líder, la Iglesia Católica tiene más denuncias, los casos son más graves, e involucran a mayor número de afectados que en otras organizaciones. Un ejemplo es el caso del sacerdote católico Juan Aguilar, de Tehuacán, Puebla, acusado penalmente desde 1997 de abusar sexualmente de sesenta menores que estudiaban catecismo en su parroquia. Actualmente el sacerdote está sujeto a un proceso penal que incluye el delito de corrupción de menores. Hoy está prófugo de la justicia, huyendo para evadir una orden de aprehensión.2 Para el DIAR, la intervención de la diócesis para encubrirlo ha sido determinante.

Basado en datos empíricos en casi una década de trabajo, el Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos calcula que alrededor de 30% de los 14 mil sacerdotes católicos en México son responsables de haber cometido algún tipo de abuso de índole sexual contra feligreses o personas de sus comunidades (Vera, 2002). Esto incluye no sólo la tan publicitada paidofilia homosexual, sino también la heterosexual (contra niñas), así como el estupro y el uso del secreto de confesión para explotar vulnerabilidades sexuales de mujeres casadas o solteras.

En España, un estudio respaldado metodológicamente por J. Manuel Cornejo, Jefe del Departamento de Investigación de la Facultad de Psicología de Barcelona, arrojó como resultado que 33% de sacerdotes ha cometido algún tipo de abuso sexual a menores. Dicha investigación reporta, además, según una muestra de 354 sacerdotes, que en España, 53% –más de la mitad– sostienen relaciones sexuales con mujeres adultas (Rodríguez, 1995).

Se puede observar en los líderes religiosos que explotan sexualmente a sus congregantes, independientemente de en qué categoría de Fortune (1992) se les clasifique, que siguen a menudo el siguiente patrón de conducta:

Las complicidades de los allegados de este tipo de ministros juegan una parte crucial para perpetuar dicha explotación.

a) Temor a confrontar la problemática o a represalias institucionales.

b) Falta de empatía hacia los seres humanos que sufren – cosa paradójica en ámbitos en donde se asume que la ética cristiana y la justicia son principios primordiales.

Hay también ramificaciones jurídicas importantes en este punto: el fanatismo incondicional por la agrupación religiosa es la que hace que se confundan los conceptos de lealtad y complicidad institucionales.

d) Complicidad en ilícitos previos. No es infrecuente hallar que ministros, ayudantes, y creyentes por igual, se encuentren atrapados en un círculo vicioso de silencio por haber participado anteriormente en conductas inmorales o ilícitas ellos mismos, sea de manera individual o grupal.

Cuando sus superiores jerárquicos han sido informados de ello, o se han dado cuenta, utilizan esos antecedentes para a su vez chantajear a sus subordinados, obligándolos a callar.

“Si tú dices lo que yo estoy haciendo, yo (o nosotros) digo (o decimos) lo que tú hiciste”. A veces el chantaje es implícito, y existe como regla no escrita que quien denuncia a sus líderes sufrirá la ira de la institución, la cual de inmediato sacará a la luz sus expedientes reales –y a veces inventará otros– para desacreditarlos.

e) Otra causa común de complicidad pasiva –ésta particularmente frecuente en el catolicismo–, son las ambiciones profesionales y las metas vocacionales. La gente que opta por romper el silencio y denunciar, ya sea al interior de la organización, y mucho más si esto se hace hacia afuera, frecuentemente es afectada en sus intereses profesionales.

Factores como la cantidad de tiempo invertido para consolidar una carrera eclesiástica –considérese, por ejemplo, tan solo el tiempo de preparación en el seminario– llegan a influir negativamente en este tipo de decisiones. Asimismo influye la posibilidad de la pérdida de vínculos afectivos y aceptación social del grupo inmediato en subculturas que operan como sistemas totales (Goffman, 1961).

Este factor es peculiarmente relevante por las limitaciones que impone el voto del celibato sacerdotal. No es inusual que colegas (o feligreses) de quienes se atreven a denunciar la violación de derechos humanos al interior de una agrupación religiosa estigmaticen a estos últimos como traidores.

Si, además, el contexto en donde se desarrollan los abusos es una sociedad poco instruida en los derechos humanos, en la cual la cultura de la impunidad y la corrupción están fuertemente arraigadas por razones históricas, los resultados en términos de impacto social son trágicos, pues los grupos religiosos se convierten en espacios idóneos para explotar las creencias, cometer crímenes y perpetuar las condiciones para que se violen los derechos humanos generación tras generación.

Estados Unidos, las palabras de Mosgofian, escritas en 1995, suenan casi proféticas cuando previno que la epidemia de abusos sexuales por parte de ministros de distintas denominaciones bien podría llegar a “ser el Waterloo de la Iglesia en Occidente”. Dice Mosgofian:

Si la Iglesia no decreta un alto y toma control efectivo sobre

aquellos de sus ministros descarriados, el Estado tomará control

de la Iglesia y aplicará severos castigos sobre los transgresores y

sobre la Iglesia en general (Mosgofian y Ohlschlager, 1995).

Ese procedimiento ya ha comenzado en Boston, Massachussets, con la Iglesia Católica, sentando un importante antecedente jurídico. El 26 de septiembre de 2002, el Juez de la Suprema Corte, Constance Sweeny ordenó a la Arquidiócesis de Boston entregar a la justicia todos sus expedientes privados sobre sacerdotes acusados de paidofilia de cincuenta años atrás a la fecha (REUTERS, 2002). El argumento jurídico detrás de la orden judicial es la presunción de que es demostrable, en términos legales, un patrón institucional de encubrimiento.

A la larga, pareciera estar en el mejor interés de la imagen institucional de las iglesias –ciertamente lo está en el de los feligreses– el transparentar, voluntariamente y a tiempo, los ilícitos sexuales de sus ministros.

El hecho mismo de que algunas estadísticas hayan sido proporcionadas y otras reconocidas por algunas denominaciones sugiere, por un lado, que hay organizaciones religiosas que desean hacer cambios de fondo para prevenir dichas conductas. Algunos de los estudios citados al principio, han sido realizados por las mismas agrupaciones religiosas para tratar de medir la magnitud del problema e implantar soluciones. Otras iglesias y sectas, sin embargo, se empeñan en minimizar o negar la existencia y magnitud del problema a su interior. La prevalencia de esta negación, el ocultamiento de información y la secrecía encubridora hacen hoy más que nunca necesarias las investigaciones independientes para tratar de cuantificar el número y tipo de abusos pastorales en muchas organizaciones. Ante estos escenarios, y para poder llevar a cabo con solvencia este quehacer, los investigadores enfrentan importantes retos metodológicos para poder tener acceso a información tan bien custodiada.

Aunque el énfasis de este trabajo ha sido cuantitativo, no se pueden soslayar las dimensiones cualitativas del fenómeno. Al estudiar la incidencia y la etnografía del abuso sexual por ministros religiosos, se observan patrones significativos de conducta que pueden ayudar a inteligir las causas.

Se enunciaron de manera sucinta algunos de los factores principales de la etiología. Una descripción mucho más extensa, con base en estudios de caso recopilados por el autor a lo largo de diez años de investigar el tema en nuestra cultura, se publicará próximamente en un libro. La complejidad y amplitud del fenómeno no permiten ser exhaustivos y requieren acotar la discusión. En este caso, considero que los factores más pertinentes por comentar son las relaciones entre los líderes que abusan y las instituciones en que ocurren los ilícitos.

Existe, pues, una dimensión personal y una dimensión estructural del problema y ambas están interrelacionadas a varios niveles.

1. Maura O’Donohe, coordinadora en turno del programa sobre el SIDA de CARITAS International, presentó un informe al respecto al presidente de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en Roma el 18 de febrero de 1995. La Dra. O’Donohe, religiosa de las Misioneras Médicas de María, confirmó y documentó la explotación sexual contra las monjas en África.

2. Averiguación Previa Núm. 3497/997/DRS. Procuraduría de Justicia del Estado. Causa Penal Núm. 6/1998/1. Asimismo, Resolución de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia del Estado (T.1073/2001).

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