Ministros de culto y abuso sexual, ¿existen cifras en México?:
Un acercamiento estadístico

Dr. Jorge Erdely
 

C I E N C I A e r g o   s u m , Revista Científica
Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma del
Estado de México, V o l . 10 (1), marzo- junio 2 0 0 3.
Sección de Ciencias Humanas y de la Conducta.

Resumen.

En México, la mayoría de las religiones y denominaciones no objetan hacer del conocimiento público el número de miembros con que cuentan. El acceso a la información financiera, sin embargo, no es tan fácilmente asequible para los investigadores de las religiones. Los recientes escándalos por paidofilia en los Estados Unidos repercutieron en México como consecuencia de la globalización de la comunicación. Al hacerlo, evidenciaron que el tema de la conducta sexual de los ministros con sus feligreses es un tema mejor custodiado que el de las finanzas. Más aún, son observables interesantes resistencias para obstaculizar el acceso a dicha información, y estrategias para desautorizar y descalificar cualquier cifra para cuantificar el abuso sexual por ministros. Además de los retos metodológicos que dicho escenario presenta para los investigadores, son interesantes los efectos de la supuesta ausencia de cifras en la discusión pública y en materia de derechos humanos. Particularmente el derecho a la información de los feligreses. Palabras clave: ministros, Iglesias, desarrollo sexual, pedofilia, estadísticas, explotación, denominaciones, riesgo.

Introducción

En México, la mayoría de las religiones y denominaciones no objetan hacer del conocimiento público el número de miembros con que cuentan. Algunas, de hecho, publican activamente cifras y datos –a menudo imprecisos y/o inflados– con motivos publicitarios. El acceso a la información financiera, sin embargo, no es tan fácilmente asequible para los investigadores de las religiones. En contraste, en otros países existen mecanismos voluntarios de transparencia que facilitan esta labor. Los recientes escándalos por paidofilia en los Estados Unidos repercutieron en México como consecuencia de la globalización de la comunicación. Al hacerlo, evidenciaron que el tema de la conducta sexual de los ministros ante sus feligreses es un tema mejor custodiado que el de las finanzas. Más aún, en el proceso de intentar recabar datos al respecto, son observables interesantes resistencias, esfuerzos para obstaculizar el acceso a dicha información, y estrategias para desautorizar y descalificar cualquier cifra que cuantifique el abuso sexual cometido por ministros. Además de los retos metodológicos que dicho escenario presenta para los investigadores, son interesantes los efectos de la supuesta ausencia de cifras en la discusión pública y en materia de derechos humanos, particularmente el derecho a la información de los feligreses.

No todas las religiones y denominaciones actúan así en todos los países. Por ello existen estudios que sirven como base para tener un acercamiento estadístico que nos permita valorar la extensión y prevalencia de estos fenómenos a nivel global, y cómo se comparan con otros ámbitos del quehacer profesional: por ejemplo, el médico y el psicoterapéutico. Partiendo de la información disponible, se presenta primero una panorámica global que abarca a los Estados Unidos, África y una porción de Europa, con el fin de contextualizar el problema. La segunda parte se enfoca a México. Usando metaanálisis, estudios de campo, datos empíricos y estadísticas, se presenta una aproximación cuantitativa preliminar, y datos cualitativos que se desprenden de las mismas, sobre el abuso sexual cometido por ministros de culto de diferentes afiliaciones.

1. Panorámica global

En su tesis doctoral, Richard Blackman (1984) estudió a 302 ministros metodistas, 404 pentecostales, 300 pastores presbiterianos y 190 clérigos episcopales en los Estados Unidos. El 38.6% del total de su muestra admitió haber tenido “algún tipo de contacto sexual” con uno o más miembros de su Iglesia. El grueso del grupo estudiado se componía de hombres y la gran mayoría de contactos sexuales ocurrieron con mujeres.

Del total, 12.7% de los pastores admitió haber consumado relaciones sexuales con alguna feligresa. En contraste con la cifra de 38.6% en la investigación de Gatrell et al. (1995), sólo 12% de los médicos estudiados había tenido “algún tipo de contacto sexual” con pacientes. La diferencia entre el 38.6% de los ministros evangélicos y protestantes, y el 12% de los médicos, es de 26.6%: más del triple de incidencia. 

En Psychology Today, Sherman reportó en 1993 una cifra similar a la de los médicos cuando publicó una investigación sobre el comportamiento de trabajadores sociales, psicólogos y psicoterapeutas. La incidencia de conducta sexual inapropiada con pacientes (no necesariamente coito) resultó ser de entre 7% y 13% (Sherman, 1993). En 1992, una investigación canadiense sobre la ética de médicos familiares, ginecólogos y doctores de otras especialidades había reportado un porcentaje menor al del estudio de 1995 de Gatrell. La cifra fue de 9%, y sin embargo fue considerada escandalosamente alta por las autoridades y la sociedad (ibid.).

El shock que provocó la publicación de esos resultados hizo que se tomaran serias medidas para reducir el índice de profesionales de la salud que se involucraban sexualmente con sus pacientes.

En otra investigación, publicada en el Journal of Pastoral Care, se encontró que por lo menos 14.1% de los pastores de la Convención Bautista del Sur, una de las denominaciones evangélicas más numerosas y conservadoras de los Estados Unidos, ha tenido contactos sexuales. Entre ellos, 70.4% tiene conocimiento de otros pastores dentro de la misma denominación que han tenido este tipo de deslices con miembros (en general del sexo femenino) de su Iglesia.

Por el lado de la feligresía, 24.2% de los pastores bautistas del sur le ha tocado atender a alguna mujer que se ha involucrado en relaciones sexuales con algún ministro de la  misma denominación (Seat et al., 1993).

Una encuesta aplicada a ministros de los Estados Unidos, realizada por la conocida revista Christianity Today, concluyó que 12% de los pastores evangélicos protestantes ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio durante su ministerio (Leadership, 1988). De ellos, 17% incurrió al mismo tiempo en comportamientos ilícitos al realizarlas con mujeres que se encontraban recibiendo consejería terapéutica directamente bajo su cuidado pastoral (equivalente en cierta forma a una relación médico-paciente). Esto añade al fenómeno, de acuerdo a Marie Fortune (1992), un componente de explotación y abuso de poder.

Por otra parte, la Iglesia Metodista Unida, en un reporte interno publicado en 1990, sacó a la luz que 77% de las mujeres ministros en esa denominación reportaron haber sido objeto de hostigamiento sexual en su ámbito de trabajo;  lo mismo que 37% de las empleadas administrativas y 48% de las mujeres estudiantes de sus seminarios (TUMC, 1990). En el caso de la Iglesia Unida de Cristo, el porcentaje de hostigamiento sexual fue similar (UCWS,1986).

Las cifras anteriores son más significativas si se considera que las denominaciones representadas en los estudios se encuentran entre las más numerosas e influyentes en todo el mundo, y varias se distinguen por enseñar una moral  estricta y conservadora. La estadística comparativa de inmediato permite observar una dimensión particular del problema cuando se tiene en cuenta que en el caso de la profesión médica, la incidencia de casos de abusos es menor en una proporción de uno a tres.

Por otra parte, es interesante notar que el porcentaje de ministros del sexo femenino que son objeto de hostigamiento sexual en la denominación metodista, son superiores a los que se reportan, por ejemplo, en religiones como el judaísmo (CWE, 1993).

En resumen, el porcentaje de abusos a pacientes por parte de profesionales  de la salud en los Estados Unidos es más bajo que en importantes denominaciones evangélicas y protestantes y, como se verá más adelante, que en la Iglesia Católica. Las implicaciones prácticas para los creyentes son claras: corren más riesgo de ser explotados sexualmente por un pastor o un sacerdote, que si acudieran a consultar a su médico o a un psicoterapeuta.

2. Catolicismo: la crisis mundial por la paidofilia

Desde hace más de una década ha sido notorio que amplios sectores del clero de la Iglesia Católica atraviesan por una crisis de ética y credibilidad. Así lo evidenciaron desde 1993 las declaraciones públicas del papa Juan Pablo II que expresaban preocupación por la cantidad de sacerdotes católicos en los Estados Unidos acusados de abusar sexualmente de menores.

Dichas declaraciones ocurrieron poco después de que Jason Berry, un periodista católico, diera a conocer a la opinión pública nacional casos como el del padre Gauthe y otros sacerdotes paidófilos en el estado de Louisiana. Tanto los artículos periodísticos, y eventualmente el clásico libro de Berry (2000), cimbraron a propios y extraños. El problema, evidentemente, era real y muy grave. Para 1997, uno de los casos de pederastia más publicitados por los medios de comunicación terminó con una histórica condena judicial contra la diócesis de Dallas, Texas. Fue sentenciada a pagar una indemnización de cerca de 120 millones de dólares a varias  víctimas de abuso sexual por su papel culposo en el encubrimiento activo del sacerdote Rudolph Koss, quien perpetró violaciones en serie a menores durante un periodo de varios años con conocimiento de sus superiores (Associated Press, 1997; Siglo 21, 1997; Cavestany, 1997).

Actualmente, el investigador católico Richard Sipe estima que alrededor de 6% de los más de 46 mil sacerdotes católicos en los Estados Unidos han cometido actos de abuso sexual contra niños. Esto arrojaría una cifra de alrededor  de tres mil clérigos involucrados exclusivamente en paidofilia.

Dicha cantidad no incluye a diáconos, personal administrativo y laicos en posiciones de liderazgo que han cometido abusos similares, sino sólo a sacerdotes.

Por su parte, la abogada tejana Sylvia Demareset reporta que actualmente hay más de 1,500 sacerdotes formalmente acusados ante la justicia estadounidense de crímenes sexuales contra menores de edad. Sólo en Kentucky existían, hasta el 8 de junio de 2002, 122 nuevas demandas contra sacerdotes pederastas y parroquias responsables de encubrirlos.

Estas cifras, sin embargo, se enfocan casi exclusivamente en paidofilia homosexual. El abuso a niñas y mujeres adolescentes no está incluido, ni tampoco el uso del secreto de confesión para seducir a mujeres adultas, casadas o solteras.

Desde hace más de una década ha sido notorio que ampliossectores del clero de la IglesiaCatólica atraviesan por una crisis de ética y credibilidad.

Además de la rotación de clérigos paidófilos de parroquia en parroquia –algunos dentro, otros fuera de los Estados Unidos–, hasta fines de diciembre del año pasado la Iglesia Católica de los Estados Unidos había removido formalmente de su cargo al menos a 365 sacerdotes acusados de abuso a menores. La mayoría, sin embargo, mantuvieron su estatus oficial de sacerdotes. De enero a junio de 2002 –en medio del escándalo actual por encubrimiento a sacerdotes pederastas que inició en la diócesis de Boston– han sido retirados de su cargo por la Iglesia otros 218 curas. La mayoría de ellos tenían ya expedientes parroquiales con denuncias de agresiones a menores. Desde enero de 2002, se han presentado alrededor de 300 demandas civiles contra iglesias y parroquias católicas en 16 estados de la Unión Americana. También han renunciado algunos obispos –como el de Palm Beach, Florida– acusados de abusos sexuales contra seminaristas ocurridos hace tiempo.

3. Panorámica europea

A diferencia de los Estados Unidos, en Europa existen pocas cifras disponibles sobre ministros y abuso sexual. Podemos observar, sin embargo, casos notorios recientes de paidofilia homosexual y explotación heterosexual de altos  jerarcas. En Alemania, el obispo auxiliar de Maguncia, F. Eisenbach, fue denunciado este año por una catedrática universitaria de haberla agredido sexualmente durante una sesión de exorcismo que éste le practicaba. En abril pasado el papa Juan Pablo II aceptó su renuncia. Un mes antes, en marzo, el papa aceptó la dimisión forzada del arzobispo de Poznan, Polonia, Juliusz Paetz, connacional y persona cercana a él, quien trabajó en el Vaticano de 1967 a 1976. El arzobispo Paetz fue investigado recientemente por una comisión enviada directamente por el papa y fue hallado culpable de “conducta inapropiada” contra varios seminaristas y sacerdotes jóvenes que lo denunciaron por diversas agresiones sexuales en el pasado. Otro obispo irlandés, país de mayoría católica, también renunció recientemente admitiendo cargos similares. El caso más notorio, sin embargo, porque involucra al clérigo católico de más alto rango hasta la fecha, ha sido el del cardenal austriaco Hans Hermann Groer, quien, recién nombrado, fue obligado a abandonar su cargo en 1998, cuando la opinión pública austriaca se enteró de su presunto pasado como paidófilo.

La paidofilia homosexual, sin embargo, no es de ninguna manera el único fenómeno sexual prominente entre los ministros católicos. En marzo de 2001 se hicieron públicas denuncias hechas a muy alto nivel sobre el abuso generalizado de monjas en África por parte de sacerdotes, y el en-cubrimiento del Vaticano (The Tablet, 2001: 403). La realidad y magnitud del problema fue descrito en un reporte por sor María McDonald, madre superiora de Las Misioneras de Nuestra Señora de África. Su informe titulado El problema del abuso sexual a religiosas africanas en África y Roma fue minimizado por oficiales del Vaticano. El padre Noktes Wolf, abad primate de los monjes benedictinos ha afirmado, sin embargo, que el abuso continuo de monjas africanas es una realidad y no un asunto de casos aislados (Allen y Schaeffer, 2001).

El problema en África no se circunscribe a un solo país. En el continente africano, de acuerdo con un reporte nunca desmentido, publicado por la revista Time en 1994, alrededor de “tres cuartas partes de los sacerdotes africanos están, en efecto, casados y criando hijos” (The Tablet, 2001: 432). La frase “en efecto” significa en términos canónicos de facto, no de jure, pues sabemos que uniones de concubinato, o aun matrimonios civiles de sacerdotes no son considerados legítimos por el Vaticano. El punto a ilustrar con esto es que los sacerdotes católicos africanos en general no cumplen con el dogma del celibato y es común que tengan relaciones de concubinato, matrimonios civiles o romances pasajeros con mujeres de sus comunidades (véase Allen y Schaeffer, 2001). Si esto es así, entonces surge la pregunta: ¿por qué entonces los abusos precisamente contra monjas y religiosas? En África, las monjas se han convertido en un grupo especialmente vulnerable porque el voto de castidad las hace candidatas menos probables para ser portadoras del virus del SIDA. Por lo tanto son consideradas “compañeras sexuales seguras” por muchos clérigos.1

La extensión y falta de respuesta de este fenómeno ha provocado protestas formales de parte de monjas a muy alto nivel. Por ejemplo, la Conferencia de Estudio de las Hermanas de África Oriental (SEASC) denunció formalmente estos abusos, a través de sus delegadas, ante la Conferencia de Obispos de África Central y Oriental (AMECEA) luego de su reunión, en Kampala, Uganda, en agosto de 1995 (O’Donohe, 1995: 433). La SEASC tiene la representación de 15 mil monjas de ocho países africanos y tiene una fuerza considerable. En su queja formal decían: “Consideramos esto un asunto de justicia el cual creemos que ya no puede ser ignorado”.

Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó por mayoría de votos el 5 de abril de 2001 en Estrasburgo, una resolución oficial titulada Sobre la violencia sexual contra las mujeres y en particular contra religiosas católicas. El documento, de carácter público, se solidariza con las víctimas, exige al Vaticano que destituya de sus cargos a los sacerdotes y obispos responsables de explotar sexualmente a las monjas, y pide “que cooperen con las autoridades judiciales”, a las cuales llama a proceder jurídicamente contra los responsables (Parlamento Europeo, 2001).

4. Latinoamérica y México

En los Estados Unidos existen alrededor de 30 millones de hispanos, la mayoría de origen latinoamericano. Alrededor de 25% de la membresía de la Iglesia Católica estadounidense, así como una parte importante de las grandes denominaciones pentecostales e iglesias protestantes y evangélicas mencionadas en los estudios citados al inicio de este capítulo, son latinos. Asimismo lo son una cantidad considerable que ha ingresado a agrupaciones como los Testigos de Jehová. William H. Bowen ha acumulado suficiente información para documentar casi 24 mil casos de paidofilia y efebofilia dentro de los Testigos de Jehová en su país. La mayoría involucra abusos a niñas victimizadas indistintamente por laicos, personal administrativo y líderes del sexo masculino. Muchos de ellos, afirma Bowen, han sido protegidos por las políticas patriarcales dictadas por los máximos dirigentes de la organización Watchtower. En una entrevista con el autor de este artículo (15 de junio de 2002), el investigador expresó su preocupación por lo que sucede al interior de las comunidades latinas de Testigos de Jehová en los Estados Unidos. Bowen no ofrece cifras finales aún, pero basado en datos empíricos y estudios de caso, considera que la incidencia y encubrimiento es mayor en las comunidades latinas que en los Salones del Reino de anglosajones.

En Latinoamérica, para muchos sectores sociales parece ser tabú el tema de los ministros de culto y su sexualidad. Aun así, uno de los datos más claros provenientes de la Iglesia Católica, fue proporcionado en 1990 por el arzobispo Bartolomé Carrasco, quien estuviera al frente de la diócesis de Oaxaca. Carrasco reportó ante el Vaticano que 75% de los sacerdotes bajo su jurisdicción no cumplían el dogma del celibato (Carrasco, 1998 o ¿1995?). Muchos de ellos estaban sosteniendo relaciones de concubinato, las cuales, necesariamente, de acuerdo con los criterios de Marie Fortune,  conllevan implícitamente un abuso de poder por causa de su investidura jerárquica.

A pesar de los tabúes, empiezan a surgir estudios y cifras concretas de la extensión del problema. Por ejemplo, los trabajos de campo de la antropóloga Paloma Escalante, sugieren que en parroquias pequeñas de zonas rurales hay una incidencia importante de casos de sacerdotes católicos que abusan sexualmente de jovencitas, sobre todo de trabajadoras domésticas o voluntarias que les ayudan. También enfatiza que muchos casos tardan décadas en ser reportados y a veces nunca lo son, debido a factores psicológicos y antropológicos, propios de la cultura latina (Escalante, 2002 y Rodriguez-Tovar, 2002).

En México, país con la mayor concentración de católicos en el continente después de Brasil, el Departamento de Investigaciones Sobre Abusos Religiosos (DIAR), organismo no gubernamental de defensa de los derechos humanos, publicó en mayo de 2002 los resultados de un estudio de 280 denuncias  contra ministros y líderes de diferentes denominaciones y religiones. Del total, el 35% son agresiones sexuales, 50% son fraudes y casos de explotación económica, y 15% caen en la categoría de violaciones diversas a los derechos humanos. Estos incluyen la coerción a través de amenazas para impedir que personas dejen tal o cual secta o religión, intimidación, persecución, intolerancia y el impedir la libertad de creencias (DIAR, 2002).

5. Grupos de alto riesgo

En el mencionado estudio, la mayor parte de los afectados son mujeres (55%), seguidos por menores de edad (30%). Sólo 15% son hombres adultos. Estos resultados ubican definitivamente a las mujeres y a los niños como los grupos sociales más vulnerables y de más alto riesgo. El DIAR indica que la mayoría de las denuncias que recibe son contra ministros de iglesias y grupos no católicos diversos, de corte carismático neopentecostal y pentecostal, seguidas por líderes de denominaciones evangélicas, protestantes históricas, sacerdotes católicos y las llamadas sectas destructivas. En la mayoría de los casos, con algunas notables excepciones, las denuncias señalaban a ministros, no a organizaciones, como responsables.El DIAR afirma que dichas cifras no significan que en las iglesias católicas de México, o en general de Latinoamérica, ocurran menos abusos que en otros grupos religiosos. Explica la diferencia más bien en términos de una mayor disposición de los evangélicos a denunciar ilícitos debido a una mayor concientización de sus derechos humanos y menos temor supersticioso a los líderes o a la institución religiosa.Asimismo enfatiza que, en contraste, cuando las denuncias involucran a la institución religiosa y no sólo a un líder, la Iglesia Católica tiene más denuncias, los casos son más graves, e involucran a mayor número de afectados que en otras organizaciones. Un ejemplo es el caso del sacerdote católico Juan Aguilar, de Tehuacán, Puebla, acusado penalmente desde 1997 de abusar sexualmente de sesenta menores que estudiaban catecismo en su parroquia. Actualmente el sacerdote está sujeto a un proceso penal que incluye el delito de corrupción de menores. Hoy está prófugo de la justicia, huyendo para evadir una orden de aprehensión.2 Para el DIAR, la intervención de la diócesis para encubrirlo ha sido determinante.

Basado en datos empíricos en casi una década de trabajo, el Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos calcula que alrededor de 30% de los 14 mil sacerdotes católicos en México son responsables de haber cometido algún tipo de abuso de índole sexual contra feligreses o personas de sus comunidades (Vera, 2002). Esto incluye no sólo la tan publicitada paidofilia homosexual, sino también la heterosexual (contra niñas), así como el estupro y el uso del secreto de confesión para explotar vulnerabilidades sexuales de mujeres casadas o solteras.


En Latinoamérica, para muchos

sectores sociales parece ser

tabú el tema de los ministros

de culto y su sexualidad.
 

En España, un estudio respaldado metodológicamente por J. Manuel Cornejo, Jefe del Departamento de Investigación de la Facultad de Psicología de Barcelona, arrojó como resultado que 33% de sacerdotes ha cometido algún tipo de abuso sexual a menores. Dicha investigación reporta, además, según una muestra de 354 sacerdotes, que en España, 53% –más de la mitad– sostienen relaciones sexuales con mujeres adultas (Rodríguez, 1995).

 

 

6. El nivel individual y la dimensión institucional

Se puede observar en los líderes religiosos que explotan sexualmente a sus congregantes, independientemente de en qué categoría de Fortune (1992) se les clasifique, que siguen a menudo el siguiente patrón de conducta: 

Primero, el líder establece, con base en su autoridad religiosa y en la relación como superior jerárquico, vínculos de confianza con una persona particularmente vulnerable. Las  vulnerabilidades pueden ser psicológicas, sociológicas y, llamémosle, espirituales. Éstas no son mutuamente excluyentes, todas son susceptibles de ser manipuladas para la gratificación sexual del ministro.

Posteriormente se explota esa confianza personal, basada en factores como la fe y la superstición, así como la relación de subordinación a la autoridad. La explotación puede ser sexual, pero no es extraño que abarque simultáneamente otras esferas como la económica. Asimismo, el modus  operandi no siempre es dramático y despiadado. A menudo es gradual y sutil y frecuentemente se utilizan una serie de argumentaciones pseudo-teológicas y diversas formas de manipulación de las emociones.

Las complicidades de los allegados de este tipo de ministros juegan una parte crucial para perpetuar dicha explotación.

Por lo general se trata de complicidades pasivas por parte de asistentes o colegas que se dan cuenta de que están ocurriendo ilícitos, pero optan por guardar silencio y no hacer algo al respecto. La casuística en nuestra cultura indica que este tipo de complicidades suele ser la más frecuente. ¿Qué motiva a clérigos, diáconos, personal administrativo y otros a permanecer callados ante hechos deleznables? Las razones pueden ser muchas, pero las más frecuentes son: 

a) Temor a confrontar la problemática o a represalias institucionales.

b) Falta de empatía hacia los seres humanos que sufren – cosa paradójica en ámbitos en donde se asume que la ética cristiana y la justicia son principios primordiales.

c) Fanatismo –entendido como lealtad acrítica y a menudo percibida como irracional– por la institución, secta o iglesia a la que se pertenece. Este punto es crucial psicológicamente, pues se relaciona con la forma en que los miembros construyen su identidad alrededor del grupo religioso en cuestión. El miedo al ver amenazada  esa identidad personal lleva a estados de negación de lo obvio: en este caso la existencia de los abusos que se conocen. Se puede utilizar una aplicación del modelo del sociólogo británico Stanley Cohen (2001) para identificar tres niveles de negación: en este caso la negación interpretativa y la implicatoria son las más comunes.

Hay también ramificaciones jurídicas importantes en este punto: el fanatismo incondicional por la agrupación religiosa es la que hace que se confundan los conceptos de lealtad y complicidad institucionales.

d) Complicidad en ilícitos previos. No es infrecuente hallar que ministros, ayudantes, y creyentes por igual, se encuentren atrapados en un círculo vicioso de silencio por haber participado anteriormente en conductas inmorales o ilícitas ellos mismos, sea de manera individual o grupal.

Cuando sus superiores jerárquicos han sido informados de ello, o se han dado cuenta, utilizan esos antecedentes para a su vez chantajear a sus subordinados, obligándolos a callar.

“Si tú dices lo que yo estoy haciendo, yo (o nosotros) digo (o decimos) lo que tú hiciste”. A veces el chantaje es implícito, y existe como regla no escrita que quien denuncia a sus líderes sufrirá la ira de la institución, la cual de inmediato sacará a la luz sus expedientes reales –y a veces inventará otros– para desacreditarlos.

e) Otra causa común de complicidad pasiva –ésta particularmente frecuente en el catolicismo–, son las ambiciones profesionales y las metas vocacionales. La gente que opta por romper el silencio y denunciar, ya sea al interior de la organización, y mucho más si esto se hace hacia afuera, frecuentemente es afectada en sus intereses profesionales.

Factores como la cantidad de tiempo invertido para consolidar una carrera eclesiástica –considérese, por ejemplo, tan solo el tiempo de preparación en el seminario– llegan a influir negativamente en este tipo de decisiones. Asimismo influye la posibilidad de la pérdida de vínculos afectivos y aceptación social del grupo inmediato en subculturas que operan como sistemas totales (Goffman, 1961). 

Este factor es peculiarmente relevante por las limitaciones que impone el voto del celibato sacerdotal. No es inusual que colegas (o feligreses) de quienes se atreven a denunciar  la violación de derechos humanos al interior de una agrupación religiosa estigmaticen a estos últimos como traidores.


El fanatismo incondicional por

la agrupación religiosa es

la que hace que se confundan

los conceptos de lealtad y

complicidad institucionales.
 

Es también común que sean hostigados jurídicamente durante, o después de un proceso de denuncia. Los costos, pues, son altos en términos de relaciones sociales, intereses profesionales y seguridad personal.

El pragmatismo profesional –la conveniencia de no perder un empleo o poner en peligro el futuro de una carrera o vocación ministerial– a menudo triunfa sobre la ética y el compromiso cristiano de proteger a los más vulnerables de quienes los explotan, fortaleciendo con esto la cultura de la impunidad. Estos comportamientos crean atmósferas propicias para que ocurran abusos religiosos más graves y frecuentes.

 

7. Círculos de complicidad: el nivel estructural

La complicidad activa, sin embargo, es mucho más nociva y peligrosa que la pasiva, sobre todo cuando involucra a figuras con más autoridad que el mismo ministro que delinque.

A menudo la complicidad activa, el participar para favorecer o permitir que se realice o continúe la explotación de un feligrés por parte de un líder religioso, adquiere dimensiones estructurales o sistémicas. Esto significa que no es ya sólo un ministro que a título personal abusa de su posición mientras sus colegas y subordinados callan, sino que superiores jerárquicos, o aun oficinas o instancias enteras dentro de la organización religiosa, están coludidas. Esto es particularmente grave ya que –cualesquiera sean los argumentos para no actuar– dichas instancias internas están facultadas con el rango y la capacidad para impedir que se perpetúen más conductas ilícitas. La inacción en este caso refuerza dramáticamente la atmósfera de impunidad.

En una entrevista con el semanario Proceso (Vera, 2002) he esbozado ejemplos de la naturaleza de este tipo de estrucuras y cómo institucionalizan el encubrimiento y promueven campañas de desinformación al respecto.

La complicidad activa en altas instancias religiosas es la más destructiva contra el feligrés, pues todos los mecanismos internos para reparar o prevenir abusos están controlados por la consigna de proteger la imagen institucional y lo que el antropólogo Elio Masferrer (2000a y 2000b) llama el capital simbólico del grupo religioso. En el caso del catolicismo, factores como el derecho canónico mismo, nociones culturales de la sacralidad de los sacerdotes y determinados dogmas teológicos se utilizan con frecuencia como marco ideológico ad hoc para intentar justificar dichas estrategias. 

Si, además, el contexto en donde se desarrollan los abusos es una sociedad poco instruida en los derechos humanos, en la cual la cultura de la impunidad y la corrupción están fuertemente  arraigadas por razones históricas, los resultados en términos de impacto social son trágicos, pues los grupos religiosos se convierten en espacios idóneos para explotar las creencias, cometer crímenes y perpetuar las condiciones para que se violen los derechos humanos generación tras generación.

8. Conflictos con la autoridad civil

La falta de autocrítica y de autogobierno de muchas iglesias está llevando, como bien se apunta en el libro editado por Gary Collins, a la intervención de los gobiernos civiles en un  terreno que por mucho tiempo se consideró asunto interno de las iglesias, para proteger a los ciudadanos. Teniendo en mente la crisis por la que pasa actualmente el catolicismo en los

Estados Unidos, las palabras de Mosgofian, escritas en 1995, suenan casi proféticas cuando previno que la epidemia de abusos sexuales por parte de ministros de distintas denominaciones bien podría llegar a “ser el Waterloo de la Iglesia en Occidente”. Dice Mosgofian:

Si la Iglesia no decreta un alto y toma control efectivo sobre

aquellos de sus ministros descarriados, el Estado tomará control

de la Iglesia y aplicará severos castigos sobre los transgresores y

sobre la Iglesia en general (Mosgofian y Ohlschlager, 1995).

Ese procedimiento ya ha comenzado en Boston, Massachussets, con la Iglesia Católica, sentando un importante antecedente jurídico. El 26 de septiembre de 2002, el Juez de la  Suprema Corte, Constance Sweeny ordenó a la Arquidiócesis de Boston entregar a la justicia todos sus expedientes privados sobre sacerdotes acusados de paidofilia de cincuenta años atrás a la fecha (REUTERS, 2002). El argumento jurídico detrás de la orden judicial es la presunción de que es demostrable, en términos legales, un patrón institucional de encubrimiento.

A la larga, pareciera estar en el mejor interés de la imagen institucional de las iglesias –ciertamente lo está en el de los feligreses– el transparentar, voluntariamente y a tiempo, los ilícitos sexuales de sus ministros.

Conclusiones

Con el análisis de las cifras y casos hasta aquí expuestos, a la luz de la literatura especializada existente, podemos llegar a  varias conclusiones: a) Los abusos religiosos son un fenómeno real y cuantificable, que en general no respeta fronteras denominacionales; b) los grupos sociales más vulnerables son los menores de edad y las mujeres; c) las estadísticas existentes, aunadas a datos empíricos, indican que los abusos de explotación y agresión sexual están entre los principales tipos de abusos; d) en esta última categoría hay un abanico de matices –desde la violación repetida de niños, hasta la relación de explotación ministro-oveja con personas adultas. En algunas organizaciones religiosas predomina más un tipo y en otras otro. Asimismo, existe distinta disposición por parte de los feligreses, grupos de afectados y aun líderes, para denunciar ilícitos dependiendo de la denominación o grupo de que se trate; e) en países como los Estados Unidos, los ministros de prominentes denominaciones e iglesias tienen estándares de ética profesional más bajos e índices más altos de  involucramiento sexual con sus feligreses que los especialistas de la salud seculares con sus pacientes.

El hecho mismo de que algunas estadísticas hayan sido proporcionadas y otras reconocidas por algunas denominaciones sugiere, por un lado, que hay organizaciones religiosas que desean hacer cambios de fondo para prevenir dichas conductas. Algunos de los estudios citados al principio, han sido realizados por las mismas agrupaciones religiosas para tratar de medir la magnitud del problema e implantar soluciones. Otras iglesias y sectas, sin embargo, se empeñan en minimizar o negar la existencia y magnitud del problema a su interior. La prevalencia de esta negación, el ocultamiento de información y la secrecía encubridora hacen hoy más que nunca necesarias las investigaciones independientes para tratar de cuantificar el número y tipo de abusos pastorales en muchas organizaciones. Ante estos escenarios, y para poder llevar a cabo con solvencia este quehacer, los investigadores enfrentan importantes retos metodológicos para poder tener acceso a información tan bien custodiada.

Aunque el énfasis de este trabajo ha sido cuantitativo, no se pueden soslayar las dimensiones cualitativas del fenómeno. Al estudiar la incidencia y la etnografía del abuso sexual por ministros religiosos, se observan patrones significativos de conducta que pueden ayudar a inteligir las causas.

Se enunciaron de manera sucinta algunos de los factores principales de la etiología. Una descripción mucho más extensa, con base en estudios de caso recopilados por el autor a lo largo de diez años de investigar el tema en nuestra cultura, se publicará próximamente en un libro. La complejidad y amplitud del fenómeno no permiten ser exhaustivos y requieren acotar la discusión. En este caso, considero que los factores más pertinentes por comentar son las relaciones entre los líderes que abusan y las instituciones en que ocurren los ilícitos.

Existe, pues, una dimensión personal y una dimensión estructural del problema y ambas están interrelacionadas a varios niveles.

 

NOTAS:

1. Maura O’Donohe, coordinadora en turno del programa sobre el SIDA de CARITAS International, presentó un informe al respecto al presidente de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en Roma el 18 de febrero de 1995. La Dra. O’Donohe, religiosa de las Misioneras Médicas de María, confirmó y documentó la explotación sexual contra las monjas en África.

2. Averiguación Previa Núm. 3497/997/DRS. Procuraduría de Justicia del Estado. Causa Penal Núm. 6/1998/1. Asimismo, Resolución de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia del Estado (T.1073/2001).

 

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