EL MANTO SAGRADO COBIJA A LOS ABUSADORES

Por: Rodrigo Vera


Casi 30% de los 14 mil sacerdotes católicos que se calcula existen en México -unos 4 mil 200- cometen algún tipo de abuso sexual con su feligresía. Tales cálculos provienen de los dos únicos centros de derechos humanos que investigan en el país los atropellos de los ministros de culto: el Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos (DIAR) y el Centro de Investigaciones del Instituto Cristiano de México (ICM).

El investigador Jorge Erdely, director académico del ICM, afirma: “De acuerdo con mi experiencia, calculo que alrededor de 30% de los sacerdotes mexicanos está involucrado en algún tipo de abuso sexual. Es una cantidad similar a la de España, donde se realizó una encuesta seria que arrojó esta cifra”.

Con él coincide, en entrevista por separado, el abogado Raymundo Meza Aceves, director jurídico del DIAR: “Nuestras estadísticas son similares. Estamos hablando de 30%. Es una cifra alarmante. En ella incluimos la llamada ‘cifra negra’, es decir, los casos que los fieles no denuncian por temor o por vergüenza”.

Apoyado por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Mexicano de la Juventud, entre otras instancias, el DIAR despliega una intensa campaña para prevenir a los niños, jóvenes y padres de familia contra posibles abusos de los ministros de culto.

Explica Meza Aceves: “Esta campaña la iniciamos hace dos años. Por lo pronto, estamos acudiendo a explanadas públicas y a eventos multitudinarios para repartir nuestra folletería. Tenemos ya nuestra propia página en Internet, un teléfono abierto para recibir las quejas de la gente y un proyecto educativo con el Instituto Mexicano de la Juventud. Este mismo año entraremos en las escuelas para realizar ahí nuestra labor”.

-¿Tan grave es el problema?

-Por supuesto. Es muy alarmante, y no sólo por la cantidad de casos, que van en aumento, sino, sobre todo, porque quedan en la impunidad, sea por los privilegios del clero o porque la gente no se atreve a denunciarlos.

El abogado muestra gráficas, folletos y estadísticas elaboradas por el DIAR, en las que se mencionan otras cifras sobre el problema: Del total de abusos cometidos por los ministros de culto de las diversas confesiones, 35% son “abusos sexuales”, y en 30% de los casos las víctimas son menores de edad.

Meza Aceves habla de su experiencia como abogado del DIAR:

“Desde 1993, cuando se creó este organismo, hemos atendido 220 casos de todo el país. Y yo diría que 90% ha tenido elementos para proceder judicialmente. Pero las víctimas muchas veces no quieren que se proceda. Inclusive, algunos de nuestros casos los hemos turnado a sus respectivas comisiones estatales de derechos humanos.”

-¿Ha logrado que se arreste a ministros de culto?

-Solamente a seis. Y le confieso que ninguno de ellos ha sido un sacerdote católico. ¡Nada! ¡Ningún católico! Muchas veces hasta los mismos agentes del Ministerio Público los protegen. Dicen: ‘Pobrecito, es un sacerdote, no lo podemos arrestar’. Otras veces interviene el obispo y las cosas llegan hasta ahí.

Ejemplifica con un caso que, en 1994, trató en León, Guanajuato. El religioso salesiano Juan Manzo Cárdenas abusó sexualmente de varios menores, en la casa hogar Niño Don Bosco. Se introducía a los dormitorios donde pernoctaban 120 menores y abusaba sexualmente de algunos de ellos.

La madre de una de las víctimas, el menor Carlos Rafael Rey Osorio (cuyo nombre se publica con autorización familiar) fue la única que se atrevió a denunciar los hechos. Se integró la averiguación previa número 203/994 y se descubrió que el director del plantel, el salesiano Juan Manuel Gutiérrez Guerrero, ya tenía conocimiento de los ilícitos.

Comenta el abogado: “Recuerdo que el director exculpaba a su religioso, argumentando que tenía simplemente ‘una conducta de debilidad’. El caso llegó al entonces obispo de León (Rafael García González) y a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato. Pero no logramos nada. El juez, Jesús Luna Hernández, negó la orden de aprehensión, escudándose en que la averiguación estaba mal integrada, mientras que la Procuraduría de Derechos Humanos sólo emitió una recomendación, pidiendo que se tuviera más cuidado. Fue todo”.

Manzo Cárdenas quedó en la total impunidad. “Sus superiores lo mandaron por un tiempo a África para enfriar el asunto. Después, regresó al país. Tengo entendido que hoy está en Tijuana. Continúa con los salesianos, como si nada hubiera pasado. Tenemos documentados muchos casos más. Aparte de los muchísimos otros que permanecen ocultos”.

Y Meza Aceves toca un altero de abultadas carpetas dispuestas sobre la mesa. Contienen averiguaciones previas, misivas, testimonios escritos a mano, recortes de prensa, etcétera.

-¿No les ha llegado ningún caso de algún obispo o de algún líder religioso importante acusado de pederastia?

-Sí, por supuesto. Nosotros aquí llevamos el caso del apóstol Samuel Joaquín, dirigente mundial de la Iglesia Luz del Mundo, de Guadalajara. Él abusó sexualmente de cinco muchachas menores de edad. Pero tampoco pudimos hacer nada. Lo protegió la Procuraduría de Justicia de Jalisco y, a nivel nacional, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación.

“Mire, a esa Subsecretaría llegan muchos casos sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Sin embargo, jamás los canaliza a las instancias judiciales. No hace absolutamente nada ante el problema. Incluso los archiva, catalogándolos como ‘casos de intolerancia religiosa’, que es un término erróneo.”

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público -considera- debe tener un reglamento para que se incluyan sanciones a los que cometan pedofilia u otros delitos.

Y asegura que los obispos que están ocultando los casos de pederastia de sus sacerdotes “incurren en el delito de encubrimiento”.

Jorge Erdely concuerda: “El obispo que conoce un caso de esos y no alerta a las autoridades comete encubrimiento. Eso es muy obvio. Una cosa es la lealtad a la institución y otra encubrir actos delictivos. Con todo este escándalo actual sobre los abusos sexuales en el clero, creo que quienes están más atemorizados no son los sacerdotes pederastas, sino sus superiores, los obispos que los encubren y los cambian sólo de parroquia o de diócesis.

“Con esto, lo único que hacen es darles más espacios idóneos para seguir delinquiendo, puesto que, según los estudios psiquiátricos, el pedófilo tiene índices impresionantes de reincidencia. Y hay sacerdotes que llegan a abusar hasta de 80 menores.”

-A usted, ¿cuántos casos de pederastas le han llegado?

-Directamente, más de 200 casos para que les dé asesoría. Pero aclaro que no todos son de pedofilia; digamos que son de abusos sexuales en general, cometidos por ministros de culto.


Celibato, secretismo, impunidad

Doctor en filosofía y en teología por la Universidad de Oxford, Inglaterra, donde realiza una investigación, Erdely es uno de los pocos especialistas en México que, durante años, ha venido escribiendo sobre el tema. Autor de las investigaciones Pastores que abusan, El evangelio social y Terrorismo Religioso, entre otras, ha combinado el aspecto académico con la defensa de los derechos humanos en ese terreno.

Hace 11 años, en 1991, fundó el Centro de Investigaciones del ICM, con un grupo de académicos, cuando muy pocos reparaban en los abusos cometidos por ministros de las iglesias.

Actualmente, el centro cuenta con diversas áreas -asesoría legal, atención médica y psicológica, área teológica, educativa y de documentación hemerográfica- y con la colaboración especializada de aproximadamente 30 académicos.

Dice Erdely: “En Estados Unidos y Europa hay una red dedicada a rehabilitar a las víctimas de sacerdotes católicos. Hay centros de información sobre el fenómeno religioso. En México, yo intento hacer lo mismo”.

Comenta, rotundo, que para el episcopado mexicano sería muy fácil dar a conocer sus cifras de sacerdotes pederastas: “La jerarquía católica tiene acceso a esas cifras, por supuesto. Sólo basta con que concentre la información del tribunal eclesiástico que tiene en cada una de sus diócesis. Incluso, puede hacerlo desde las parroquias. Y si además quisiera dar a conocer esas cifras, podría hacerlo fácilmente”.

Sin embargo, “el episcopado está empeñado en minimizar el problema y exculpar a sus sacerdotes pederastas. Al mismo tiempo, le carga toda la responsabilidad a la víctima, haciéndola sentir culpable de que, si denuncia al sacerdote, dañará la imagen de la Iglesia”.

Señala que, si persiste la víctima en hacer la denuncia, hay una “segunda etapa” en la que hay “amenazas de excomunión e incluso represalias contra su familia”, aunque este extremo se produce sobre todo en las sectas religiosas.

Considera que la pederastia “es un problema que radica en la estructura misma de la Iglesia: la imposición del celibato sacerdotal, la cultura del secretismo y los amplios espacios para la impunidad. El problema es interno, no externo”.

Esta “estructura perversa” -dice- se ve apoyada por las leyes canónicas, cuyas leves sanciones, como la de la “amonestación”, solapan aún más las prácticas pederastas.

Erdely resalta que la “cultura para denunciar la pederastia” es el “factor externo” que hace diferente a la sociedad mexicana de la estadunidense:

“Aquí todavía es un tabú cultural denunciar estos asuntos. Los mexicanos no queremos tocarlos. Tenemos miedo a no ser creídos. También influye el factor de la vergüenza. En nuestra cultura esto es extremadamente penoso. Y, además, es palabra contra palabra: la de la víctima y la del considerado líder moral. Esto lo documento ampliamente en el libro Pastores que abusan.”

-Algunos jerarcas mexicanos sostienen que detrás del escándalo, iniciado en Estados Unidos, hay una conspiración contra la Iglesia.

-Si no hubiera sacerdotes que violan niños, nadie tocaría este asunto que, además, ya es viejo. Nadie está descubriendo el hilo negro. Siempre ha sido un secreto a voces la pedofilia de los sacerdotes. Sólo que hasta hoy se está tocando, por la globalización de la comunicación; lo que ocurre en Estados Unidos repercute en México. Yo no veo ninguna conspiración.

Indica que si la jerarquía mexicana realmente tiene “voluntad de cambio”, debería dar a conocer la lista de sus sacerdotes acusados de abuso sexual: “Así, los padres de familia sabrán quién representa un peligro y quién no. Y si dejan a sus hijos en determinado colegio o parroquia”.

Parte de la responsabilidad -acusa- la tienen también las autoridades gubernamentales, sobre todo la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, ya que en lugar de transparentar la información para evitar más delitos, la está escondiendo para utilizarla en la negociación y en el chantaje político con la jerarquía”.

Por lo pronto, los obispos mexicanos, durante su última asamblea plenaria, celebrada del 8 al 12 de abril, se negaron a revelar nombres y casos de pedarastia, argumentando que los sacerdotes son como “sus hijos”, y que “un padre jamás denuncia a su hijo”.

El arzobispo de Xalapa, Sergio Obeso, declaró enfático: “La ropa sucia se lava en casa”. Y el presidente del episcopado, Luis Morales Reyes, argumentó “el derecho al silencio y a la reserva”.

¿Los obispos cometen realmente delito de encubrimiento? ¿Qué estipula la legislación mexicana ante este caso? ¿Son las leyes civiles o las eclesiásticas las que deben juzgar a los pederastas?

Juan Velázquez, experto penalista, opina: “La ley penal exculpa a los que encubren, pero sólo por razones de parentesco, amor o gratitud con el victimario. De manera que a estos superiores eclesiásticos no se les puede acusar de delito de encubrimiento. Y menos todavía si se trata de delitos de querella, en los que sólo las víctimas o sus tutores pueden acusar”.

Agrega que, aun en el supuesto caso de que una autoridad eclesiástica acuse a uno de sus sacerdotes, “el Ministerio Público está imposibilitado para recibirlo, en delitos de querella”, como son la mayor parte de los abusos sexuales, excepción hecha de la violación, que es un delito que se persigue de oficio y ahí sí cualquiera puede denunciar.

Pero -abunda- tanto en delitos de querella como de oficio, los obispos “no cometen ningún encubrimiento al no denunciar a sus sacerdotes”.

Aclara que es “decisión” de cada quien, un “derecho absolutamente privativo”, el denunciar a un sacerdote ante los tribunales eclesiásticos o ante los civiles, pues las leyes canónicas y las civiles tienen jurisdicciones distintas”.

Fuente: Revista Proceso No. 1329
Fecha: 21 de abril de 2002
Sección: Religión Página: 18-22
Por: Rodrigo Vera