María Luisa: Crónica de una Infamia

—¿Y a quién va a nombrar usted como heredero substituto de su herencia? —preguntó el notario público al anciano campesino cuyo testamento estaba redactando.

Centenarios de oro, ranchos, fincas, locales comerciales… se trataba de una fortuna nada despreciable. Bartolo Jaramillo era millonario y tenía dos amores en su vida: su esposa, quien pronto enviudaría, y su iglesia: la católica. Así que sin pensarlo dos veces nombró heredera universal a María Luisa Montoya de Jaramillo y como heredero sustituto al padre Jose Luis Parra, su sacerdote de cabecera.

Con pleno conocimiento de que el artículo 130 de la Constitución Mexicana prohíbe que los ministros de culto de cualquier religión hereden por testamento (a menos de que se trate de un familiar), el licenciado Jorge Chaurand Arzate, dueño de la Notaria Pública No. 39 de Celaya, Guanajuato, redactó, selló y registró el testamento de Don Bartolo. El sexagenario jamás imaginó que en poco tiempo su anciana esposa quedaría en la miseria, sin un centavo para mantenerse y ni siquiera una habitación de su propiedad para morir.

Fírmele aquí —dijo el notario, quien fungía al mismo tiempo como abogado del Obispado de Celaya. Así, el sacerdote Luis Parra tal como antes se le había sugerido a Don Bartolo, quedó como heredero en el testamento. Con tal ilegalidad quedó fraguado el que sería un fraude de cientos de miles de dólares uno de los mejores documentados en la historia contemporánea. Sólo era cuestión de tiempo para que millones de pesos, que en tres años serían propiedad de la viuda, empezaran a ir a parar a los bolsillos de Luis Parra y a las arcas de la Diócesis de Celaya. Como garantes de la impunidad estaban el obispo Humberto Velázquez, el Tribunal Eclesiástico y las autoridades gubernamentales locales. El crimen perfecto.

Bartolo Jaramillo murió el 1 de junio de 1983. Doña María Luisa, enferma, sin hijos, y con escasa educación, aceptó la sugerencia de sus líderes espirituales y nombró —otra vez con el beneplácito del notario— al padre Luis Parra como administrador general de sus bienes. ¿No había confiado en él su esposo como para nombrarlo heredero sustituto? Había que respetar la voluntad del difunto y María Luisa, católica de toda su vida, volvió, una vez más, a confiar.

A cambio de administrar sus bienes, el padre Luis prometió cuidarla en su vejez y atender sus necesidades espirituales. De esa manera, la liberaría de las presiones de tener que administrar once céntricos locales comerciales, nueve fincas y casas habitación, un enorme rancho, además de varias cuentas de banco, antigüedades y joyas —entre ellas una fortuna en centenarios de oro—.

De inmediato, el sacerdote y el abogado de la mitra comenzaron a preparar documentos diversos, algunos en blanco, para que la viuda los firmara. María Luisa vivía contenta por el privilegio de contar, en sus últimos años, con un sacerdote cerca, en quien confiaba ciegamente.

 

Documentos Comprometedores

Algunos documentos notariados son interesantes. En el grueso expediente judicial del caso se encuentran registros de supuestas compra-ventas de fincas y locales comerciales que curiosamente hoy están escriturados a nombre de la esposa e hijos del padre Luis Parra. Los habitantes del centro de la ciudad de Celaya lo confirman.

¿Quién es el dueño de estos locales?

El comerciante de una conocida avenida de Celaya respondió sin chistar:

—Son del sacerdote, del padre Luis Parra. Bueno, de su esposa.

—¿Y antes?

—Eran de la señora María Luisa Montoya—.

Es un secreto a voces, pero prefiere no decir más; sin embargo, otros ni siquiera se atreven a mencionarlo. En ciudades del Bajío mexicano como Celaya, una zona tradicionalista y de mayoría católica, criticar públicamente al clero, por lo general aliado histórico de gobernantes y caciques locales, puede ser riesgoso. El ingenio popular ha optado mejor por inmortalizar las historias de curas ladrones o lujuriosos en anécdotas y chistes basados en arquetipos. Es más seguro y en cierta forma sirve de catarsis.

El expediente penal 2/J. Z.V./96, abierto en la agencia No 11 del Ministerio Público de Celaya tiene más datos curiosos. A diferencia de muchos sacerdotes que viven a escondidas su amasiato o concubinato, Luis Parra optó por darle la cara a la sociedad y eligió casarse por lo civil —por la iglesia le está prohibido, ya que al ordenarse hizo el voto de celibato vitalicio— con María de la Luz Pérez. Por lo mismo, sus cuatro hijos, dos mujeres y dos varones, no tienen que cargar con el oprobio social de ser hijos anónimos del cura del pueblo, ni se les impide ver a su papá. No, todos están debidamente inscritos ante el Registro Civil. Sus nombres son José Luis, Rosa Linda, Luis Fernando y Elizabeth Paola, todos Parra Pérez, y a nombre de ellos y de su madre, están puestas una buena parte de las caras propiedades del difunto Bartolo Jaramillo.

De acuerdo a la Inspección Ocular del Protocolo de la Notaria Pública No. 39 practicada por la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato el 3 de noviembre de 1994, en algunos casos el notario cómplice de Luis Parra ni siquiera se molestó en registrar un precio en las escrituras de "compra-venta". En el volumen LXVII, foja 21, con la escritura 8055, el espacio del precio está en blanco. En otras está registrada una cantidad sólo con lápiz. Se trataba, pues, de escrituras preparadas con el descuido necesario para alterarse a conveniencia, en el improbable caso de que la anciana católica se atreviera alguna vez a interponer una demanda.

 

El Saqueo

El cura y sus cómplices trabajaron rápido. A cuatro años de haber recibido su herencia se había esfumado el equivalente a casi medio millón de dólares de las arcas de María Luisa. Cuando lograron sacar hasta el último centavo de sus cuentas bancarias y cambiaron de nombre todas y cada una de las propiedades de la anciana, Luis Parra decidió llevársela "de vacaciones". En vez de eso, la fue a botar con unos familiares de ella en Yuridia, Guanajuato, para que "se la cuidaran". La salud de María Luisa se había deteriorado y necesitaba de atenciones especiales; era obvio que no le quedaba mucho tiempo. Quizás moriría en Yuridia y caso cerrado. Otro "crimen perfecto" en el nombre de la fe.

Pero los familiares de María Luisa eran pobres y Luis Parra no les había dejado para los gastos. Así que se les hizo natural ir a pedirle al sacerdote para las medicinas. Tajante y seco, el padre Parra los echó y se desentendió del asunto. Pronto se corrió la voz del caso de la anciana y otros familiares residentes en Celaya se movilizaron para ayudarla. ¿María Luisa sin dinero? ¡Pero si el difunto Jaramillo le había dejado una fortuna!

Con incredulidad y azoro empezaron a armar el rompecabezas.

A sus 76 años, hospedada en casa de su sobrina Sara Montoya, María Luisa reunió las fuerzas que le quedaban y acudió a la sucursal de su banco para pedir su saldo y ver con sus propios ojos los últimos movimientos bancarios de sus ahorros e inversiones.

Su cuenta no tiene nada —le contestó el gerente de Banamex—. Su cotitular, el padre Parra, la canceló y sacó todo lo que había con un cheque de caja.

El gerente comenzó a revisar papeles ante el asombro de la anciana, le informó que el cheque se había cobrado y le mostró los documentos. No quedaba nada.

María Luisa comenzó a entender. Desde junio de 1993 había notado raro al padre Parra; cada vez más desentendido de ella. Fue por ese entonces que la fue a dejar con su familia en Yuridia. La fecha en que acabó de vaciar sus cuentas de banco coincidía.

Sara Montoya era también católica devota y decidió hacer primero lo que le pareció más lógico: interponer una denuncia eclesial ante el Obispo de Celaya, Humberto Velázquez Garay, para solicitar que Parra devolviera de inmediato todos los bienes a su tía.

 

El Encubrimiento del Tribunal Eclesiástico

Sara, una escritora culta que conocía personalmente al entonces nuncio papal en México, Girolamo Prigione, no dudó de que su queja sería atendida.

El obispo escuchó su denuncia, pero en vez de dirigirla a las autoridades civiles indicó a las Montoya que el asunto debería tratarse "internamente", así que transfirió el caso al tribunal eclesiástico de la Diócesis.

De allí empezaron interminables y desgastantes "negociaciones", peticiones, presiones, lentitudes burocráticas, pretextos.

Finalmente llegó el día esperado. El juicio eclesiástico se realizó en la presencia del obispo Velázquez Garay, los sacerdotes Lauro Gómez Z., Luis Muñoz, y el licenciado y notario Jorge Chaurand Arzate. Fue hasta entonces que las dos mujeres se enteraron que el notario —quien fungió en el juicio como juez y parte— era apoderado legal de la Diócesis de Celaya. Lo que siguió fue una escena reminiscente del medioevo. El cínico abogado estuvo todo el tiempo justificando el despojo, y los otros curas defendían a capa y espada la conducta de Luis Parra. De nada valió la valiente defensa que Sara hizo del caso de su tía, ni las abundantes pruebas que presentó.

 

Un Ruego Desesperado

María Luisa salió de allí más confundida, y quedó muy afectada emocionalmente. Se sentía traicionada por los líderes de su propia iglesia. Lo que más le dolía de sus bienes era la casona, la finca en donde había vivido con Bartolo Jaramillo. Llena de recuerdos y memorias gratas, de muebles y objetos personales que apreciaba, la casa significaba mucho para ella y anhelaba vivir allí el poco tiempo que le quedaba. Antes de demandar penalmente, decidió negociar aunque saliera perdiendo.

Quédense con todo, padre, quédense con todo. Sólo le pido que me devuelvan la casa donde viví con mi esposo pidió desesperada.

No —respondió rotundo el obispo.

La casa no era un botín despreciable. Para la anciana tenía un valor simbólico, pero el padre Parra sabía que contenía tesoros más terrenales. Se trataba de una extensa finca y dentro estaban valiosas pinturas de Eduardo Tres-Guerras, antigüedades, muebles caros y las alhajas de María Luisa. Más que todo eso, estaba interesado en los centenarios, cientos de monedas de oro que el campesino Bartolo, aquel hombre que, a la antigüita, no confiaba del todo en los bancos ni en el papel-moneda, había atesorado año tras año, década tras década, como reserva. Por si acaso.

 

Chantajes y Amenazas

Las Montoya, por supuesto no habían quedado conformes con el veredicto del tribunal eclesiástico. Se sentían doblemente agraviadas y los curas se dieron cuenta. De inmediato comenzaron, primero disimuladamente y luego de manera más agresiva, las clásicas presiones y amenazas religiosas para disuadir cualquier posible demanda civil y "que ya le pararan" de contarle a la gente sobre lo que había pasado.

Aprovechándose de su investidura clerical, un día insinuaban castigos divinos si acudían a demandar al padre Parra ante los tribunales; otro, trataban de chantajearlas con sentimientos de devoción a Dios y a la iglesia católica. Como si denunciar a un bandido y sus secuaces, fuera demandar a todos los católicos. Como si fueran a demandar al mismo Dios.

El tiempo transcurría, y con él, la posibilidad de que el delito prescribiera penalmente. Para dilatarlo aún más, los líderes religiosos a veces les daban esperanzas. "¿Los demandamos penalmente?", se seguía preguntando aún indecisa Sara. Estaba renuente a demandar a un líder de su iglesia, pero la injusticia le parecía monstruosa.

María Luisa, quien vivía en un cuartito en casa de ella, estaba cada vez más nostálgica por la casa de su esposo. Eso la estaba deprimiendo.

 

La Carta al Embajador del Vaticano

Mil pensamientos continuaban cruzando por la mente de Sara Montoya. Temores a pecar, pero también al poder político del obispo que con tanto esmero encubría junto con el abogado el despojo millonario.

"No, todavía no", se dijo, y se puso a escribir una larga carta al nuncio Girolamo Prigione, entonces embajador del Vaticano en México. Lo había conocido personalmente en eventos de la alta sociedad guanajuatense. Incluso no era inusual que lo hospedaran en uno de los ranchos de la familia Montoya cuando viajaba al Bajío. "Seguro él va a intervenir", pensó y mandó la carta. Nunca recibió ni acuse de recibo. Entonces decidió escribir directamente al Papa. Se topó con el mismo silencio.

Aunque en ese momento no lo sabían, las Montoya estaban atravesando por el dilema que miles de personas tienen que enfrentar cuando caen en las garras de pastores que abusan, y las estructuras religiosas que los protegen. ¿Cuál es la diferencia entre la lealtad y la complicidad con una institución religiosa? ¿Demandar a un líder que delinque equivale simbólicamente a demandar a toda una iglesia? ¿Qué de las otras víctimas, reales o potenciales, si me callo? ¿Y qué de la justicia? ¿No se supone que las iglesias tienen un compromiso con la equidad y la justicia? ¿Tiene derecho una organización religiosa a que sus líderes roben, abusen, pisoteen conciencias y después demandar silencio y sumisión para proteger obsesivamente su imagen institucional?

 

Una Demanda Contra el Sacerdote

Sara y María Luisa resolvieron sus dudas. Corría el 31 de enero de 1994 cuando María Luisa acudió con piernas temblorosas a la justicia terrenal para solicitar que pusieran tras las rejas a un supuesto representante divino y sus cómplices y le devolvieran lo que le pertenecía. El Ministerio Público recibió la denuncia de hechos.

Sara Montoya acompañó a la anciana, y juntas presentaron pruebas documentales contundentes. La averiguación previa por el delito de fraude quedó asentada. El caso estaba tan claro que sería la envidia de cualquier abogado; estaba prácticamente ganado de antemano, así que fueron a casa a descansar.

Se dice que en algunos países de Latinoamérica la justicia es lenta y México no se distingue precisamente por tener bajos niveles de corrupción. Sin embargo, cuando el caso involucra a algún líder religioso suelen pasar cosas extrañas.

Lo primero que Sara Montoya notó fue una sospechosa lentitud en las investigaciones. Si se hubiese tratado de un delincuente sin sotana, hubiera sido encarcelado con relativa velocidad. En contraste, al sacerdote Parra se le trató como si tuviera fuero. Pasaron más de ocho meses para que en vez de detenerlo simplemente se le invitara a declarar.

Individuo poco sofisticado, aún así el padre Parra cayó en contradicciones y hasta se auto-incriminó.

Mientras eso sucedía, Sara había fundado la asociación civil "María Luisa, A.C." con el propósito de hacer conciencia entre la sociedad de Guanajuato, del abuso perpetrado contra la viuda católica y ganar apoyo moral para su causa. Eventualmente, las metas de su asociación se ampliaron hasta brindar atención a ancianas solas, víctimas de fraudes por parte de líderes religiosos.

La sospechosa lentitud de las autoridades judiciales se debía —de acuerdo al abogado de las Montoya— a que el obispo de Celaya estaba usando sus influencias políticas. Para ese entonces se inició una campaña de calumnias y rumores en la parroquia a la que asistían. Los argumentos para desprestigiarlas venían como por oleadas. "Malas católicas", "cómo se atreven a demandar a la madre iglesia", la lista era interminable.

 

Amenazas de Excomunión

Las mujeres recibían "recados" del obispado en que les advertían que si no retiraban la demanda las iban a excomulgar por dañar la reputación de la iglesia. Al otro día se les acusaba de crear divisiones. Ante el clima hostil tuvieron que dejar de asistir a la parroquia. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Luis Parra oficiaba misa, administraba con tranquilidad su recién adquirida fortuna y dormía por las noches con su esposa.

"Excomulgadas", "vamos a ser excomulgadas". La amenaza más temida que puede escuchar un católico devoto, resonó en la cabeza de Sara Montoya. Como muchos feligreses, desconocía los intrincados y a veces indescifrables estatutos del Derecho Canónico, y por lo tanto no sabía que era una amenaza sin sustento alguno.

Pero por alguna razón la amenaza no la amedrentaba como lo hubiera hecho antes. Había perdido aquel hechizo que antaño hizo que en Europa aun los reyes temblaran y se sometieran ante cardenales, obispos y Papas por miedo a perder el alma o sufrir repercusiones políticas.

Paradójicamente, el cinismo del padre Parra y el encubrimiento del obispo Humberto Velázquez habían liberado a las Montoya del temor supersticioso a cualquiera que se dice representante de Dios.

El juicio eclesiástico en que ellas habían cifrado tanto su esperanza había sido un circo, una burla a los más elementales principios de humanidad y justicia en que ellas creían. El silencio del Vaticano ante una viuda despojada que deprimida rogaba su intervención para que los curas le regresaran al menos su casa para pasar allí sus últimos días, había terminado de abrirles los ojos.

Para las Montoya, la credibilidad de sus ministros como genuinos representantes de Dios había dejado de ser el dogma y la tradición. Su credibilidad se basaba más bien en sus acciones. ¿No había dicho el mismo Jesucristo "por sus frutos los conoceréis"? Una mafia que despojaba viudas en el nombre de Dios les impresionaba poco y en sus labios la amenaza de "excomunión" sonaba hueca. Les sonaba a un artilugio más para intimidar y encubrir.

No quitaron la demanda.

María Luisa se deterioraba por la nostalgia y la tristeza mientras el caso judicial se movía como caracol, dejando tras de sí una baba pestilente de corrupción y desinterés.

 

Un Giro Sorpresivo

Corría ya el mes de mayo de 1995; el asunto estaba prácticamente "congelado". La esperanza de una resolución favorable se extinguía. El día 26, sin embargo, el caso de las Montoya dio un giro inesperado que terminaría con la sorpresiva detención del padre Parra por parte de la Policía Judicial.

Por esos días, durante un programa especial, un conductor de una popular estación de radio de Celaya abrió sus micrófonos al público para recibir denuncias de casos de violaciones de derechos humanos religiosos. Sara Montoya lo oyó de casualidad y tomó de inmediato el teléfono para hablar a la estación. Cuando entró su llamada denunció durante varios minutos los atropellos de la Diócesis de Celaya contra su tía. El programa era en vivo y miles de personas escucharon el caso. En la cabina, un abogado especialista en violaciones de derechos humanos era el invitado y habló con Sara. Concertaron una cita y las ancianas le explicaron el via crucis por el que atravesaban. El licenciado Villaseñor decidió tomar el caso, sin cobrarles un centavo.

"Cuando vi el expediente no lo podía creer", comentaba al otro día. "Es una burla a la justicia". De inmediato, Villaseñor interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que investigara por qué se obstaculizaba la impartición de justicia a las Montoya e inició una nueva demanda penal por fraude en agravio de María Luisa.

"No se puede hacer nada en ese caso", respondería días después la Procuraduría de Justicia de Guanajuato. "El delito ya prescribió".

"Más bien lo dejaron prescribir al dejar correr el tiempo", decía en su despacho el licenciado Villaseñor al recibir la notificación, "por eso hemos pedido que intervenga la Comisión de Derechos Humanos".

Decir que un delito ha prescrito significa en términos legales que expiró el plazo para que las autoridades investiguen y procedan. Las estratagemas de dilación de Luis Parra y el Notario N°. 39 de Celaya habían surtido efecto gracias a la complicidad del obispo y las autoridades civiles.

Según la ley federal que regula las Asociaciones Religiosas, ninguna iglesia, templo, o secta puede promover conductas contrarias a la salud o dedicarse a fines ajenos a su misión religiosa. Si se demuestra que una organización tiene fines políticos o de explotación económica puede, además de perder su registro, recibir sanciones que incluyen el cierre de sus templos y fuertes multas. El licenciado Villaseñor y su bufete jurídico consideraban que había suficientes pruebas de contubernio entre el sacerdote Luis Parra, el tribunal eclesiástico de Celaya, el obispo y el notario abogado de la mitra para despojar de cientos de miles de dólares a una anciana, aprovechándose de su fe.

El caso era, pues, competencia de las autoridades judiciales del estado y también de la Secretaría de Gobernación. Ameritaba una investigación federal ¿Cuántas viudas más como María Luisa había en el estado de Guanajuato? ¿Cuántas callaban por miedo a la "excomunión" o a causa del temor supersticioso?

Para principios de agosto de 1995 el licenciado Villaseñor presentó una demanda ante el gobierno federal contra Luis Parra y la Diócesis. Las autoridades, como es costumbre, guardaron silencio. Los abogados estaban considerando acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a instancias internacionales para que intervinieran, cuando otra providencial intervención de los medios de comunicación cambió de nuevo el panorama.

 

Se Destapa la Cloaca

A cientos de kilómetros, Verónica Velasco, conductora de un conocido programa de televisión, preparaba un reportaje especial. Se trataba de Expediente 13/22:30, que se transmitía en cadena nacional, incluyendo al estado de Guanajuato y tenía bastante audiencia. Producido por Argos y TV Azteca, era un programa serio que se tituló "En nombre de la fe". Se trataba de documentar cómo líderes de cualquier credo pueden manipular las creencias para explotar, económica o sexualmente, a los feligreses.

Discúlpeme, pero en esa fecha no podría asistir —le respondí a la amable asistente de producción que me invitaba a una entrevista para dar mi punto de vista.

La primera edición del libro Pastores que Abusan se había publicado en 1994 y para ese entonces se había convertido en un best seller internacional y había servido de inspiración para varios programas de radio y televisión. Los medios de comunicación mexicanos empezaban a notar la importancia de esta problemática. De allí habían surgido entrevistas en Monitor de la Mañana —el noticiero radiofónico con más audiencia nacional— y un especial de una hora en Radio Red basado en el libro que había tenido muy buena aceptación.

Tenemos presupuesto limitado, pero podríamos pagar sus gastos de avión ida y vuelta...

Muy gentil de su parte, pero no es eso —interrumpí—. Estamos apenas a medio trimestre del Diplomado de Teología y además de mi clase estoy a cargo de la coordinación del programa de estudios. Pero conozco una asociación de Derechos Humanos que le puede ayudar.

Las invitaciones a distintos programas y entrevistas estaban llegando al Instituto casi cada semana y era imposible atenderlas todas sin descuidar mis compromisos de trabajo.

El licenciado Villaseñor recibió la llamada de los productores de Expediente 13/22:30 para solicitarle su participación en el programa. Aprovechando la oportunidad, tomó el teléfono para llamar al procurador de Justicia en Guanajuato. "Televisión Azteca va por allá la próxima semana y lo quieren entrevistar sobre el caso de María Luisa Montoya para un programa que saldrá por Canal 13. Se transmitirá a todo el país".

El procurador sabía que un reportaje sobre el caso podía poner en entredicho su reputación y afectar su carrera política. Los reporteros pronto llegarían a Celaya a hacer su propia investigación, entrevistarían a la gente y descubrirían todo. Meses antes, las autoridades del estado habían abierto otra investigación contra Luis Parra, ahora por "abuso de confianza" para mantener la apariencia de que se atendía el caso, así que el procurador aprovechó.

La llegada de los reporteros casi coincidió con el arresto del padre Parra por parte de la Policía Judicial. El procurador de Justicia fue entrevistado y cuando el programa de Expediente 13/22:30 salió al aire el funcionario se anotó un gol publicitario, acusando al sacerdote de despojo por abuso de confianza en agravio de la viuda. Los televidentes ya no se enteraron que el sacerdote salió libre casi inmediatamente con una multa ridícula de mil quinientos pesos.

¿Es cierto que es usted casado y tiene hijos? —inquirió insistentemente la reportera antes que Luis Parra la corriera de su parroquia.

No es cierto —negó categórico el sacerdote.

Rompiendo el Voto de Castidad

Además del fraude a María Luisa, a los comunicadores les llamaba particularmente la atención el hecho de que el padre Parra, siendo sacerdote, estuviera casado y siguiera oficiando misa. A diferencia de ministros de otras tradiciones, los sacerdotes católicos romanos hacen un voto de castidad, el cual juran guardar de por vida. No hacerlo va contra lo promulgado en el Concilio de Trento en 1546. Este precepto se conoce como el dogma del celibato sacerdotal y no cumplirlo amerita sanciones eclesiales.

De pronto; en un raro momento de transparencia, Parra cambió su versión:

Sí, tengo hijos. La cámara seguía filmando.

No he recibido nada de castigo, nada— continúo el padre Parra ante el azoro de la reportera. — Si Pedro pecó— terminó con una leve sonrisa—, ¡que no fallemos nosotros!

El programa de Expediente 13/22:30 resultó un éxito. En él salió entrevistada una valiente y dignificada Sara Montoya, quien relató con claridad lo sucedido a su tía y mostró documentos y pruebas contundentes del contubernio de la Diócesis. Días antes le había llamado al abogado comentándole su temor de que la fueran a encarcelar por lo del programa que se venía. En un contraste casi surrealista, el encargado del tribunal de la Diócesis de Celaya posó para las cámaras de TV Azteca, con pose de juez y rostro adusto apareció sentado en su escritorio de madera vestido de traje. Con voz mecánica y chillona recitó partes de un discurso oficial que exoneraba al padre Luis Parra. Parecía un personaje salido de otra época. "Este tribunal eclesiástico declara cerrado el caso por falta de pruebas, dijo estentóreamente. Solo faltó que golpeara con un martillito de juez el escritorio.

La única que no salió entrevistada fue María Luisa. Las cámaras de televisión sólo alcanzaron a trasmitir las imágenes de su tumba.

Así es, María Luisa murió pocos días antes de que llegaran los reporteros. Justo entre la producción del programa y el viaje a Celaya. No vivió para ver el día en que el cura que la despojó de sus bienes y sus recuerdos pisó —aunque sólo por unas horas— la cárcel. La viuda murió sin un centavo en la bolsa, en un cuarto prestado en casa de su sobrina. Enferma y deprimida por la nostalgia, atemorizada por las presiones y amenazas religiosas, confundida por el trato que recibió de su obispo y de su sacerdote, las últimas llamas de esperanza de recuperar aquella casa que tanto anhelaba se fueron extinguiendo y con ellas su ánimo de vivir.

 

Cinismo sin Límites

La intrépida reportera insistió con otra molesta pregunta ante las cámaras: ahora inquiría al sacerdote sobre la recién fallecida viuda y su responsabilidad en el fraude.

"Decían que fue mucha gente al entierro", reviró irónico "¡mucha gente! ¡trece personas!", y soltó una risotada burlona. La respuesta de Parra quedó grabada para la historia en la mente de miles de televidentes. La viuda, ni aun muerta, merecía el respeto de la hiena con sotana. Lo importante era que María Luisa estaba muerta, ni con su asociación civil había logrado obtener mucha simpatía como lo indicaba la escasez de asistentes al entierro. Y con su muerte, el caso estaba prácticamente cerrado.

Ninguno de los responsables del fraude respondió jamás ante la justicia y nunca se devolvió un solo centavo de los cientos de miles de dólares y propiedades robadas.